El Senado prácticamente concluyó con la legislación secundaria de la reforma judicial constitucional, promulgada en septiembre del 2024, y sólo falta una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que establece la obligación del Estado de proteger la seguridad y preservar la identidad de juzgadores y sus familias, frente a actos de violencia, pero sin llegar a la figura conocida como “jueces sin rostro”.

La iniciativa se presentó ante la Comisión Permanente el pasado 25 de junio, se remitió al Senado, donde fue dictaminada por las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos y estaba lista para votarse en el período que cerró trabajos el miércoles, pero desde la Consejería Jurídica de la Presidencia se pidió revisar los cambios hechos, sobre todo en este tema de la protección a la identidad de los juzgadores.

“La propuesta del titular del Ejecutivo implica una redacción más expresa de los principios que rigen la protección de la identidad de las personas juzgadoras, sin caer en los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denominado como jueces sin rostro”.

Tal regulación viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “ya que infringen el derecho al debido proceso, en particular el derecho a un juicio público, transparente e imparcial”.

La iniciativa de la presidenta Sheinbaum, lo que se hace es equilibrar las obligaciones internacionales con la protección a jueces. Estos podrán, en caso de juicios por delincuencia organizada, solicitar el Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación, el resguardo de la identidad.

Sin embargo, el proceso deberá ser público, salvo excepciones justificadas , por ejemplo la protección de víctimas. La identidad del juez no puede ser completamente oculta para las partes, ya que el acusado debe conocer quién lo juzga para poder recusar si hay conflicto de interés. Se puede limitar la difusión pública del nombre, pero no ocultarlo a las partes.