Con siete votos contra dos, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó ayer, por temas procesales, un proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa que proponía fijar un criterio para limitar a las asociaciones civiles en la promoción de amparos por violaciones al derecho a un medio ambiente sano.

Al analizar una contradicción de criterios entre tribunales, denunciada por Greenpeace México, la togada sostuvo que una asociación civil no acredita interés legítimo en un amparo sólo por afirmar en su acta constitutiva que protege derechos humanos o el medio ambiente, pues se requieren elementos estrictos que demuestren una afectación real.

Su proyecto se basaba en la última reforma a la Ley de Amparo del 17 de octubre, la cual estableció que, para acreditar la legitimación al acudir al amparo, la quejosa debe demostrar que la norma o acto impugnado le causa un daño real y distinto al de cualquier otra persona y que, si el juez lo anula, obtendría un beneficio concreto, no hipotético o incierto.

Pleno descarta que haya contradicción de criterios

Para la ministra, sí existía una contradicción de criterios que la Corte debía resolver, pues mientras el primer tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito reconoció que una persona moral puede acreditar interés legítimo, el décimo octavo tribunal colegiado del primer circuito lo negó. No obstante, siete ministros consideraron que no había tal conflicto.

Entre la mayoría, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, explicó que un tribunal fundamenta la legitimación en el objeto social, mientras el otro sostiene que “las personas morales no tienen derechos humanos, una asociación u organización es un ente jurídico, una ficción jurídica”. Señaló que se trata de cuestiones distintas y que, por ello, no existe “punto de toque” para analizar la contradicción.

Desde el inicio, varios ministros advirtieron que la Corte no debía conocer del caso por competencia. Giovanni Figueroa Mejía sostuvo que, al ser criterios discrepantes de una misma región, debía resolver el pleno regional centro-norte. Su postura no prosperó, pues seis ministros apoyaron que la SCJN continuara con el asunto.