“Al paso que vamos (implementar el voto electrónico en el país) nos demorará una eternidad”, lamentó Carla Humphrey, presidenta de la Comisión del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (INE), cuando el Consejo General recibió el informe respectivo en la sesión de ayer, que apunta a la imposibilidad de operar el voto digital de manera generalizada.

Sin embargo, como se ha difundido, se prevé realizar apenas una prueba piloto focalizada en los comicios de Coahuila de 2026, específicamente para las personas en situación de postración y a su cuidadora principal. El esquema se aplicaría en términos similares al utilizado por los mexicanos residentes en el extranjero.

Los partidos –como el PAN– dijeron que no es viable el voto electrónico en México, matiz externado también por Morena, al señalar que falta un marco constitucional y legal para ello, además de que excluiría zonas enteras del país donde tienen una estructura tecnológica limitada o nula, mientras Movimiento Ciudadano consideró que se puede avanzar hacia ese objetivo.

El punto específico se deriva de una sentenia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ordenó al INE explorar medidas que incluyeran el voto por internet, el voto anticipado y otras modalidades viables para un grupo específico.

Los opositores a esta vía dijeron además que no hay forma de proteger el secreto del voto cuando se emite por Internet, mientras Humprey pidió actuar con “audacia interpretativa, seriedad normativa y arrojo operacional”, para dar el derecho de sufragar al menos a grupos que por cuestiones físicas o laborales no pueden ir a una casilla el día de la jornada electoral.

“Hay que hacerlo con mayor agilidad y compromiso, con responsabiidad, sin prejuicios”, señaló.

Al inicio de la sesión se informó de los avances de la estrategia de transformación digital del INE, que incluye un nuevo modelo del Sistema de Citas diseñado para agilizar la atención a la ciudadanía.

También se aprobaron procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización contra partidos, punto que desató una discusión entre los representantes de los institutos políticos, aunque el tema medular fue determinar multas en conjunto por 9.3 millones de pesos, incluidos asuntos añejos, algunos de 2015, a algunos que ya no existen, como Encuentro Social, Nueva Alianza y PRD, no solo por rebases de gastos de campaña, sino incluso por usar dinero de su financiamiento público para fines no autorizados.

De hecho, la premura de resolver es porque podrían rebasar el límite de caducidad, pero en algún caso aunque se tenga ubicado al responsable, no se ha localizado.

A la hora de votar el punto, la consejera Zavala señaló que estaba el voto de su par Jorge Montaño, pero él no estaba en la sesión.

“Yo no veo intermitencia (en la conexión virtual), veo ausencia... Lo que debemos es dar certeza del voto con voz, con presencia y, en su caso, si no está, porque yo no veo conectado al consejero Jorge”, señaló.