Anoche avanzó en el Senado la minuta de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con un tipo penal base para ese delito de alto impacto en el país. El ilícito será perseguido de oficio, con protección a las víctimas, quienes podrán presentar denuncias anónimas.

El dictamen de la minuta proveniente de la Cámara de Diputados fue aprobado por unanimidad en las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, que encabezan respectivamente Javier Corral y Enrique Inzunza, y fue turnada a la Mesa Directiva, a fin de que se discuta mañana en el pleno senatorial , durante una segunda sesión vespertina.

La oposición avaló cambios significativos en 25 artículos a la minuta, sobre todo el más relevante: elevar el tipo penal básico de 15 hasta 25 años de prisión, a los que sumarán otros puntos, con base en 34 agravantes referidas al impacto de las diversas modalidades de ese ilícito.

La mayor penalidad será de 42 años y se aplicará, en general, a los extorsionadores que operan desde los centros penitenciarios, se ostenten como miembros de un grupo criminal o empleen violencia física o moral en general, y en particular a quien lo haga con la finalidad de exigir el cobro de un daño derivado de un accidente vehicular, provocado o intencional (los delincuentes conocidos como montachoques).

La siguiente penalidad será hasta de 37 años y se aplicará a quien extorsione a grupos de migrantes o utilice información privada de las víctimas, y hasta de 33 años por cobro de piso a quienes realizan actividades empresariales, comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas y pesqueras. La misma sanción se impondrá a quien exija pagos a candidatos o funcionarios electos.

El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, precisó que se corrigió la pena para agentes del Ministerio Públicos, policías o personal de custodia que se abstenga de denunciar hechos de extorsión; aunque los diputados la disminuyeron, quedará en un rango de 10 a 20 años.

Resaltó que a los internos de los reclusorios que utilicen dispositivos electrónicos, entre ellos teléfonos celulares, se les aplicara una sanción de seis a 12 años de prisión, al igual que a los funcionarios que permitan el ingreso de los aparatos a los penales.

Durante la discusión, senadores de todas las fuerzas públicas coincidieron en que es fundamental la persecución oficiosa de ese delito, ya que 97 por ciento de los casos no se denuncian por temor de las víctimas a las represalias.

La senadora Carolina Viggiano, del Partido Revolucionario Institucional, advirtió que este delito dejó de ser patrimonial para convertirse en “el cáncer que está ahogando a millones de mexicanos”. Advirtió que para lograr una ley viable se requiere financiamiento y protección a las víctimas, punto en el cual coincidió la senadora, Guadalupe Murguía, del Partido Acción Nacional.

El senador Corral les aclaró que en el presupuesto del 2026 se contemplan esos recursos.

El senador Luis Armando Melgar, del Partido Verde Ecologista de México, volvió a confrontarse ayer con Morena. Sostuvo que “como dicen en mi pueblo, somos aliados, pero no paleros”, y en materia de seguridad, “apenas se empiezan a hacer las cosas bien”. La senadora María Guadalupe Chavira refutó sus afirmaciones.