Las iniciativas presidenciales de una nueva ley general de aguas y de cambios a la Ley de Aguas Nacionales recibió críticas por parte de productores agrícolas, expertos y legisladores en el arranque de los foros para discutirla, debido a que, como están redactadas, permiten que se extiendan las concesiones en manos de grandes empresas y bancos como el de Ricardo Salinas Pliego, con fines especulativos.

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados dijo no temer que la propuesta del Ejecutivo genere rechazo, aunque admitió la posibilidad de que sufra algunas modificaciones. El coordinador de la bancada, Ricardo Monreal Ávila, informó que la meta es aprobar el dictamen en comisiones en los primeros días de diciembre, para que pueda enviarse a revisión del Senado antes de que concluya el periodo de sesiones ordinarias.

Durante el primer día de los conversatorios que se iniciaron ayer y se extenderán hasta el viernes en San Lázaro, los asistentes también cuestionaron el hecho de que la propuesta del Ejecutivo dé a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) un excesivo “poder de interpretación” de las normas, lo que abriría la puerta a la “incertidumbre y el conflicto”.

Uno de los especialistas que cuestionaron la redacción de ambas leyes fue Miguel Ángel Montoya, quien alertó que es “absolutamente no sustentable” que las autoridades renueven las concesiones del líquido que tienen grandes compañías sólo porque lo solicitan.

Las iniciativas de ley de la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo, no sólo no desaparecen la llamada cuota de garantía, que facilita ese escenario, sino que además permiten que las empresas lo renueven por dos periodos más, de dos años cada uno.

Un ejemplo de esa práctica es el título de concesión otorgado por el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México a Banco Azteca (propiedad de Salinas Pliego) para extraer hasta 2 millones 200 mil metros cúbicos de agua al año, que no ha utilizado. Y sólo basta pagar la cuota de garantía para mantenerla vigente.

“¡Ya quisiera Iztapalapa tener eso (en referencia al volumen de agua concesionado a Banco Azteca)! ¿Y para qué lo utilizan? Para especulación. Yo le pido a los diputados que cuiden a la Presidenta y eviten litigar en función de esos intereses”, remarcó.

Por su parte, Guillermo Narváez Ávila, representante del Comité Nacional del Sistema de Producto Ajo, pidió a los diputados no incluir en la propuesta un apartado que daría a la Conagua la facultad de resolver los trámites relacionados con los títulos de concesión, ya que incluso podría darse una aplicación retroactiva de las leyes.

“El poder de interpretación que se otorga a la autoridad –alertó el agricultor zacatecano– es inadmisible, pues se abre la puerta a criterios inciertos e implica la necesidad de hacer aclaraciones administrativas o hasta generar eventuales litigios. Justo todo lo que no necesitamos quienes nos dedicamos a trabajar la tierra”.

También de Zacatecas, la productora Karina López Puentes llamó al Ejecutivo a escoger mejor a las personas encargadas de redactar iniciativas de ley. “Deben tener más sensibilidad, que sea gente que realmente sepa cómo está la situación en el campo; que no sea de escritorio”, enfatizó.

Ayer mismo, cuestionado sobre las críticas y resistencias a las dos propuestas enviadas por el Ejecutivo, Ricardo Monreal aceptó que los documentos pueden tener cambios.

“Yo espero que la iniciativa pueda ser avalada por la mayoría. Sin embargo, sí advierto que puede modificarse todavía. Hay apertura, hay sensibilidad por parte de los diputados y del grupo parlamentario (guinda). Está abierta la discusión”, aseguró.