Durante el primer año de vida de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), que encabeza Raquel Buenrostro, se han rescatado para el erario 70 mil millones de pesos, a través de “acciones de prevención, restructuración administrativa, fiscalización y combate a la impunidad”.

En un informe de actividades que entregó al Senado de la República, la dependencia detalla que uno de los rubros donde se han logrado ahorros importantes es a través de la restructura y compactación de 183 dependencias de la Administración Pública Federal, lo que genera un ahorro de más de tres mil millones de pesos anuales.

La modernización, se detalla, incluyó “eliminar puestos excedentes, evitar la duplicidad de funciones y optimizar la operación de las mismas. En este proceso se cancelaron cuatro mil 240 plazas de mando y 481 se simplificaron por temas de conversión o alineación de plantilla”.

Esto se traduce en una reducción de cinco por ciento del personal. “Menos gasto, mejor gobierno”, destaca.

En el informe, la SABG resalta que “asumió plenamente la responsabilidad de garantizar la transparencia y proteger los datos personales, sin derroche ni lujos, por lo que opera con 52 por ciento del costo que implicaba “el extinto INAI”. Ello ha permitido ahorros anuales de 500 millones de pesos.

Evitaron desfalco en medicamentos

En el informe, que va del 1º de octubre de 2024 al 31 de julio pasado, la SABG logró disminuir 344 millones de pesos en 13 licitaciones públicas y se evitó un desfalco de 15 mil millones de pesos, al anular compras irregulares de medicamentos.

Incluso, reporta que en el caso del Tren Maya, a través de la conciliación de la Cuenta Pública y la revisión de contratos se generaron ahorros por 22 mil millones de pesos para el erario.

En el informe, la dependencia destaca también que se pone énfasis en la profesionalización e integridad de los servidores públicos. Para ello, más de 343 mil funcionarios han sido capacitados en ética, integridad y principios de administración pública.

Este 2025, 97.5 por ciento de los servidores públicos, es decir, un millón 499 mil 469, “cumplieron con su obligación de presentar declaraciones patrimoniales y de intereses, logrando un máximo histórico, un récord”.