El Congreso de la Ciudad de México dirigió un exhorto a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) para que investigue actos de discriminación y violencia en el negocio Rico Club, de Niza 45, Zona Rosa, establecimiento que fue suspendido la noche del jueves por la alcaldía Cuauhtémoc debido a omisiones en materia de protección civil.

En un punto de acuerdo promovido por la diputada Diana Sánchez Barrios, de la asociación parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, se requirió además al Instituto de Verificación Administrativa que inspeccione el local que opera como bar nocturno a fin de revisar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y medidas de protección para clientes, extensivo a otros negocios con ese giro en esa demarcación.

Lo anterior, a partir de diversas publicaciones en redes sociales el pasado fin de semana sobre un incidente en el que un grupo de personas fue sacado de forma violenta del local, con la participación de personal de resguardo del negocio, mientras un joven fue objeto de “una agresión física brutal”.

En su exposición, la legisladora refirió otros hechos ocurridos en ese lugar, como la expulsión arbitraria de otra persona en 2024, presuntamente por fumar adentro, aunque posteriormente admitió que se cometió un error y emitió una disculpa pública.

En 2022, la alcaldía había aplicado una suspensión al bar por agresiones en las inmediaciones, basada en “denuncias colectivas que señalaban un patrón de violencia no atendida por el personal del bar”, y en 2019 se reportó otro incidente que derivó también en la agresión a un cliente y aunque Rico Club rechazó que su personal estuviera involucrado, colectivos acusaron al bar de encubrimiento e incluso llamaron a un boicot, señaló Sánchez Barrios.

La noche del jueves, la alcaldía Cuauhtémoc impuso sellos de suspensión de actividades al establecimiento por el incumplimiento de medidas básicas de protección civil y seguridad, como la ausencia de personal capacitado en asistencia médica, carecer de punto de reunión y zona de riesgo, la falta de alarma sísmica y carecer de la carta responsiva de extintores y constancias de simulacros.