ace apenas unos días cinco rectores condenaron al gobierno de Nethayahu: “Estamos horrorizados por las escenas que se ven en Gaza, incluyendo la muerte diaria de bebés por hambre y enfermedades”. Eran de Israel, entre otras, de la Universidad de Tel Aviv y del Instituto Weizmann, y acusaban al gobierno de Nethanyahu de estar causando en Gaza “daños crueles e indiscriminados a hombres mujeres y niños inocentes.” (La izquierda diario 29/7/2025). Esta declaración, además de su ética, también probablemente expresa una interesada preocupación por verse crecientemente etiquetadas como cómplices del genocidio en los círculos académicos mundiales. En este contexto adquiere entonces un valor significativo la solitaria decisión de El Colegio de México de romper relaciones con instituciones israelíes. Si más instituciones latinoamericanas y mexicanas se pronuncian en total desacuerdo con el genocidio y demandan el rompimiento de relaciones con Israel, también es posible pensar que se logre una masa crítica capaz de sumarse a los muchos reclamos de que se detenga la agresión al pueblo y niños palestinos. Es una hostilidad profunda que se expresa y se sustenta en ideas profundamente racistas y colonialistas, y hay una resistencia que se nutre de siglos de historia y territorio de una poderosa cultura árabe en muchos centros de la ciencia actual. Esto interpela y obliga a los centros de estudio a ocuparse, en medio de la agresión, de la contienda de las ideas.
Las universidades mexicanas, en particular, tienen el mandato constitucional de ejercer la crítica, “el libre examen de las ideas”; sin embargo, no lo hacen, guardan silencio. Y –paradójico–, en Israel hay instituciones que condenan, pero no en México. ¿Por qué? Una primera y posible explicación es porque aquí prevalece un contexto político “neutro”. La 4T y su gobierno son todavía poderosos en su capacidad para establecer el horizonte de referentes cognitivos, la opinión política general, y no incluyen a Gaza como prioridad. La peor tragedia humanitaria del siglo está basada en ideas colonialistas y racistas del XIX, pero simple y sencillamente no tiene prioridad en las universidades ni en el gobierno. Y la presidenta Sheinbaum, universitaria, por un lado se resiste a romper relaciones, pero por otro no se pronuncia firme contra el genocidio y no se alía con otros gobiernos latinoamericanos que protestan. Además, al hacer depender la solución exclusivamente en otra idea, la de los dos estados (que el gobierno de Israel definitivamente no acepta) deja que sea el agresor quien fije la agenda de solución. Y como tampoco agrega la exigencia de cese inmediato de la agresión, entonces no hay oposición real ni en las ideas a que Israel continúe con el genocidio.
La otra razón del silencio ha crecido en las propias universidades. El ejercicio unilateral y vertical del poder durante 40 años ha robado oxígeno al ejercicio de la crítica hacia afuera y hacia adentro. En la UAM, por ejemplo, en 50 años sólo en dos o tres ocasiones ha avanzado en el Colegio Académico (consejo universitario) alguna propuesta de académicos y estudiantes que no guste a las autoridades. Éstas deciden cuándo convocar a sesión; fijan la agenda; tienen la mayoría real de los votos; pueden cancelar la reunión, y cuentan con una reglamentación a modo que les favorece y disuade cualquier disenso. Así, por reglamento, estudiantes y maestros no pueden participar ni recomendar cambios a sus propios programas de estudio.
El reglamento no obliga siquiera a informar sobre la eventual decisión de cancelar una licenciatura. Y además, hay otros excesos, como despedir o sancionar incluso monetariamente a profesores; cambiar los términos de ingreso y permanencia de docentes; determinar unilateralmente sus remuneraciones; cancelar plazas para académicos temporales; violar condiciones laborales (cómputo, bibliotecas), acosar las iniciativas autogestivas de estudiantes (huertos). Y hasta caprichos: el nuevo rector general, Dr. Gustavo Pacheco López, invitó a una profesora a ser la secretaria general de la Universidad y, un día después, la des-invitó, y nombró en su lugar a la doctora Esthela Sotelo. Ella es la directora de la División de Sociales de Xochimilco que despidió a Miguel Ángel Hinojosa como arranque de su cruzada de ordenamiento (que ahora abandona para ocupar este puesto más alto). Otro asunto sin resolver: antes del despido de Hinojosa mi texto (“A 50 años: La UAM, punto de llegada”) recibió de parte del Dr. Manuel Triano, asesor de dicha directora, un dictamen positivo para su publicación en la revista Argumentos, pero después del despido y de un artículo mío de protesta, el dictamen cambió a negativo. Caprichosas decisiones desde el poder y caprichoso descuido de la tarea de análisis y acción que el horror de Gaza le impone a nuestras universidades.
* UAM-X
