La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados votará hoy el dictamen a la iniciativa presidencial para dar atribuciones al Congreso de aprobar una ley general contra la extorsión, que –explica el proyecto a discusión– va en aumento y permite financiar la compra de armas y las actividades del crimen organizado, y provoca un daño anual estimado de 124 mil millones de pesos a empresas y comercios.

En el documento, que ya fue entregado a los integrantes de la comisión, se argumenta que ese entorno justifica una urgente e inaplazable reforma, además de que si bien el tipo penal de extorsión existe en el Código Penal Federal, no se actualiza desde 1984, el delito evolucionó y cada estado lo tipificó de forma distinta, lo cual dificulta su combate.

“La extorsión ha evolucionado a la par de las nuevas tecnologías y en estrecha relación con las actividades de la delincuencia organizada. En ese sentido, el modus operandi supera contundentemente la norma” vigente, añade.

Con el cambio al artículo 73 de la Constitución que propuso el Ejecutivo, el Congreso podrá expedir una ley para unificar y contemplar, entre otros puntos, el tipo penal de extorsión, sus agravantes, delitos vinculados y sanciones, precisa.

Para la comisión, la iniciativa se justifica no sólo por las cifras del delito, sino por el impacto económico y las secuelas negativas en la paz y la integridad social y de las personas, que sufren daños físicos y sicológicos y, sobre todo, el riesgo de muerte por no pagar.

Las cifras y datos demuestran que día con día se comete este delito que atenta contra personas, familias trabajadoras y comercios, el cual, además, ha presentado un desafortunado crecimiento y evolución en sus modalidades de ejecución, advierte.

En las consideraciones, la comisión citó datos de las encuestas nacionales de Victimización de Empresas y de Percepción sobre Seguridad Pública, publicadas el año pasado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que reflejan cómo en 2023, 1.3 millones de establecimientos fueron víctimas de algún delito, esto es, 27.2 por ciento del total de unidades económicas, y que el más frecuente fue la extorsión, con una tasa de mil 562 afectadas por cada 10 mil.

En el mismo año, se cometieron 4.9 millones de delitos de extorsión y en 18 estados fue el delito más frecuente contra las unidades económicas, las cuales realizaron un gasto de 67 mil 200 millones de pesos en medidas preventivas, añade.

De los 747 mil delitos de extorsión cometidos durante ese año, 113 mil se perpetraron en la calle, en establecimientos o por el denominado cobro de piso.

Las formas de extorsión se multiplican y van desde el chantaje de destruir un negocio o la reputación de la víctima; violencia, muerte propia o de familiares, y quienes la cometen provocan miedo en las víctimas, con amenazas de contar con información o imágenes de las personas, lugar de residencia, y mediante violencia física y verbal.

No sólo se exige dinero, sino también alimentos, bienes, servicios y favores, inclusive pagos sexuales que afectan a las mujeres, detalla.