e acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en México hay más de 5 millones de jornaleros agrícolas, de los cuales apenas 2.3 millones se dedican oficialmente a esta actividad, el resto son sus familiares, incluidos menores de edad, que salen a laborar con ellos sin siquiera ser registrados por la estadística. Oficialmente jornaleros o no, se encuentran en la absoluta desprotección: 84.6 por ciento carecen de un contrato de trabajo, 82.6 por ciento de servicios de salud y 71.9 por ciento no tienen prestaciones. En Michoacán, donde decenas de miles recolectan uno de los frutos más rentables, el aguacate, la práctica totalidad de los jornaleros se encuentra al margen de la seguridad social. De los hijos de los trabajadores agrícolas en edad de cursar la educación básica, sólo asisten a las aulas 16 por ciento, mientras más de 150 mil no acuden a la escuela por ayudar a sus familias a ganar el sustento, exclusión que perpetua la pobreza transgeneracional y priva a los niños de sus derechos básicos.

A cambio de este trabajo, en el que sufren accidentes incapacitantes, muertes y sacrifican su salud desde la primera infancia, los jornaleros perciben remuneraciones miserables de las grandes corporaciones que controlan el sector. A fin de deslindarse de cualquier obligación hacia quienes les generan miles de millones de dólares cada año, las trasnacionales crean una cadena de intermediarios que elimina en el papel el vínculo entre los empleados y los verdaderos empleadores. El sello de estos intermediarios es la violación de la ley: son compañías de outsourcing, aunque oficialmente tal figura ya no exista; eluden el alta de sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y, cuando llegan a registrarlos, lo hacen con ingresos menores a los reales; se desentienden de los percances laborales y albergan a los peones migrantes en condiciones indignas e insalubres.

Aunque el consumidor vea mes con mes incrementos en el precio de los productos agrícolas y sus derivados a la venta en centrales de abasto, tianguis, supermercados o comercios de proximidad, dichos costos no se traducen nunca en una mejora de los salarios ni de la situación general de los jornaleros. Por el contrario, los patrones implementan las estrategias más mezquinas imaginables para aumentar la explotación y reducir los sueldos. Por ejemplo, en 2019, 32 por ciento de los trabajadores agrícolas recibían el salario mínimo o menos, pero la agroindustria ha respondido a los esfuerzos del gobierno federal para recuperar el poder adquisitivo de la clase obrera colocando a 66 por ciento de sus empleados por debajo del mínimo. Asimismo, han modificado el tradicional sistema de pago a destajo por el salario mínimo cuando éste resulta menor que lo cosechado, pero exigen a los jornaleros cumplir con la cuota del destajo para liberar sus pagos. En lenguaje llano, les roban los ingresos que generan por encima del salario mínimo.

Como en otros rubros, los abusos de la agroindustria revictimizan a quienes ya padecen otras formas de discriminación. Es inevitable notar que la población indígena se encuentra sobrerrepresentada entre los peones agrícolas, así como suponer que la denegación de derechos que padecen está relacionada con las barreras lingüísticas y sociales que enfrentan para hacer valer la legalidad. En el caso de las mujeres, a todas las penurias que sufren los jornaleros de género masculino se suma una violencia sexual de patrones y compañeros que, de manera casi invariable, se salda con total impunidad.

Los ingresos miserables y el trato degradante que se inflige a los jornaleros son inadmisibles en cualquier circunstancia, pero resultan particularmente agraviantes cuando tienen lugar en una industria de exportación que produce riquezas sin cuento para compañías trasnacionales mexicanas o foráneas, así como para intermediarios que no aportan nada a la cadena productiva sino el sometimiento de los trabajadores.

Es imperativo que las autoridades tomen en serio el bienestar de quienes dedican sus vidas a poner los alimentos en la mesa de los demás y adopten las medidas necesarias para atajar el abuso endémico y sistemático contra los jornaleros.