Brasilia. El cerco judicial contra el ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se cerró un poco más el lunes cuando un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) le dictó prisión domiciliaria por incumplir la prohibición de usar redes sociales en el marco de su proceso por tentativa golpista, un caso que ha captado la atención del país sudamericano, mientras enfrenta una guerra comercial con el gobierno del presidente estadunidense Donald Trump, quien ha manifestado respaldo al ex mandatario de derecha.

En un documento judicial consultado por la Afp, el magistrado Alexandre de Moraes señaló el reiterado incumplimiento de las medidas cautelares impuestas al ex jefe de Estado, por lo que decidió decretar su prisión domiciliaria.

Bolsonaro es juzgado por acusaciones de liderar un intento de golpe de Estado para permanecer en el cargo, a pesar de su derrota en las elecciones de 2022.

De Moraes –quien supervisa el caso contra Bolsonaro en el máximo tribunal– señaló que el líder de extrema derecha de 70 años violó las medidas cautelares que se le impusieron al publicar contenido en los canales de redes sociales de sus tres hijos que son actualmente legisladores.

Bolsonaro se dirigió antier a sus seguidores en Río de Janeiro a través del teléfono de uno de sus hijos, el senador Flavio Bolsonaro.

Acusa EU cacería de brujas

El juicio al líder de extrema derecha recibe atención renovada después de que Trump vinculó directamente un arancel de 50 por ciento a los productos brasileños importados con la situación judicial de Bolsonaro, un aliado del jefe de la Casa Blanca.

El gobernante de Estados Unidos ha dicho que los procedimientos contra Bolsonaro son una cacería de brujas, lo que ha desencadenado reacciones nacionalistas de líderes de todos los poderes en Brasil, incluido el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Tras la noticia de la orden de arresto, un funcionario de la policía federal de Brasil detalló a The Associated Press que agentes federales acudieron a la residencia de Bolsonaro, ubicada en Brasilia, para confiscar sus teléfonos celulares, como ordenó De Moraes.

Se prevé que el mandatario permanezca en Brasilia durante su arresto domiciliario, ya que no se le permite viajar. También tiene una casa en Río de Janeiro, donde mantuvo su base electoral como legislador durante tres décadas.

Conspirador

Los fiscales acusan a Bolsonaro de encabezar una organización delictiva que conspiró para anular las elecciones, en un complot que incluía planes de asesinar a Lula y a De Moraes, luego de que el líder de extrema derecha perdió por escaso margen su intento de ser relegido en 2022.

El STF ordenó el mes pasado a Bolsonaro usar una tobillera de rastreo e impuso restricciones a sus actividades.

De Moraes agregó en su fallo que Bolsonaro –que gobernó Brasil de 2019 a 2022– ha difundido mensajes con un claro contenido de aliento e instigación a ataques contra el Supremo Tribunal Federal y un apoyo flagrante a la intervención extranjera en el poder judicial brasileño.

La semana pasada, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra De Moraes por la supuesta supresión de la libertad de expresión y el juicio en curso de Bolsonaro.

La justicia brasileña anunció su medida al día siguiente de que decenas de miles de seguidores de Bolsonaro salieron a las calles en las ciudades de Sao Paulo y Río de Janeiro, en demanda de que el Congreso lo indulte a él y a cientos más que son juzgados por su papel en el vandalismo contra edificios gubernamentales en Brasilia el 8 de enero de 2023.