Morena presentó en la Comisión Permanente del Congreso una iniciativa para expedir la Ley General de Infraestructura para el Bienestar, la cual reconoce el papel que puede desempeñar la inversión privada en este sector; sin embargo, establece nuevas condiciones legales a fin de impedir abusos que se registraron en el pasado en la construcción de carreteras y hospitales.

Con la aprobación de esta propuesta, se derogaría la Ley de Asociaciones Público-Privadas que se promulgó en 2012 y que ha sido objeto de múltiples críticas por parte de organismos fiscalizadores, instituciones académicas y organizaciones sociales, pues si bien fue concebida con la intención de atraer capital privado a la edificación de infraestructura, su aplicación ha evidenciado graves deficiencias, señala el documento.

Entre las fallas se encuentra la distribución inequitativa de riesgos; es decir, la socialización de pérdidas y la privatización de ganancias. También menciona la falta de transparencia y una supervisión deficiente de los contratos, así como la supremacía del interés privado sobre el público, destaca la iniciativa presentada por el diputado de ese partido Alfonso Ramírez Cuéllar.

Al respecto, se refieren diversos hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación en las asociaciones públicos-privadas, como la pérdida del control de los activos por parte del sector público, costos adicionales no transparentes ni justificados en el desarrollo de los proyectos, problemas de renegociación de obras adicionales y una incorrecta selección de los programas sin la rentabilidad social requerida.

La finalidad es obtener crecimiento económico

En la exposición de motivos, se subraya la importancia de mejorar la infraestructura del país a fin de incentivar el crecimiento económico en momentos en que organismos financieros internacionales han ajustado a la baja las proyecciones de crecimiento para 2025, entre otras razones por la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a las exportaciones mexicanas y la incertidumbre en materia de políticas comerciales.

De la misma manera, se recuerda el ambicioso proyecto de infraestructura que promueve la administración de Claudia Sheinbaum en materia de transporte ferroviario y para crear corredores estratégicos.

Con la iniciativa que presentó el legislador morenista, se busca establecer un nuevo mecanismo de inversión en proyectos que mejoren la calidad de vida y reduzcan las desigualdades en comunidades rurales y zonas urbanas marginadas con la concurrencia del sector público, social y privado.

El texto plantea cuatro esquemas de inversión: directa, indirecta, mixta y mínima, mediante los cuales las entidades públicas inversionistas podrán definir el instrumento más adecuado para cada proyecto, considerando la disponibilidad presupuestal, los riesgos involucrados y las características de la infraestructura, de tal forma que se garantice una implementación eficaz.

También propone la creación de una comisión de infraestructura para el bienestar como órgano colegiado responsable de autorizar, coordinar, evaluar y supervisar los programas.

Como parte del diseño legal se incluye crear un fondo de infraestructura para el bienestar que permita financiar obras y acciones prioritarias.