egisladores demócratas que visitaron el campo de concentración para migrantes construido por el gobierno de Donald Trump en una zona aislada en los pantanos de los Everglades, en Florida, expresaron su consternación por las condiciones inhumanas del recinto. Tras la visita, la congresista Debbie Wasserman Schultz denunció las condiciones realmente perturbadoras y viles y señaló que el sitio, un espectáculo en el que abusan de seres humanos, debe ser cerrado de inmediato. Por su parte, el representante Maxwell Alejandro Frost informó que al menos uno de los reclusos dijo ser ciudadano estadunidense.

Aunque algunos republicanos del grupo legislativo describieron el establecimiento como limpio y funcional, el hecho es que está compuesto por jaulas para 32 personas infestadas de insectos. Las descripciones obligan a recordar el infame campo de concentración que George W. Bush mandó construir en Guantánamo, en el ilegal enclave naval estadunidense en territorio cubano, para recluir a miles de infortunados a los que el gobierno estadunidense consideró sospechosos de terrorismo, los secuestró en decenas de países, los trasladó en vuelos secretos y los mantuvo presos por años sin juicio y sin informar de su paradero.

Esta exhibición de sadismo penitenciario, contrario a cualquier noción de derechos humanos, viene a rematar la secuencia de atropellos a las leyes estadunidenses e internacionales que ha sido la persecución racista y xenófoba contra trabajadores extranjeros –del que incluso han sido víctimas personas naturalizadas– en territorio del país vecino, sin más fundamento que parecer, a ojos de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), migrantes indocumentados.

Pero la demolición de la legalidad emprendida por la segunda presidencia de Trump no se limita a perseguir, acosar y violentar a reales o supuestos extranjeros, sino que se expresa también en una forma autocrática y facciosa de ejercicio del poder. Ejemplo de ello es el despido de funcionarios del Departamento de Justicia que participaron en la formulación de imputaciones contra el magnate republicano por la sustracción de documentos oficiales secretos –muchos de los cuales fueron recuperados en un cateo policial de su mansión de Mar-a-Lago– y por su intento de alterar el resultado de las elecciones de 2020, en las que fue vencido por el demócrata Joe Biden.

Los despidos abarcan prácticamente a todo el equipo del ex fiscal especial Jack Smith, quien investigó a Trump y presentó denuncias en contra de varios de sus seguidores que participaron en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Otro dato alarmante en este sentido es el recurrente desacato de la Casa Blanca a sentencias judiciales.

Así pues, además de la hostilidad trumpiana contra el mundo en general, expresada principalmente en las amenazas de imponer aranceles como una forma de chantaje y extorsión a gobiernos soberanos, y adicionalmente a los estragos económicos que están causando esa estrategia de negociación y los recortes al sector público, es ya inocultable la ofensiva contra la institucionalidad y el marco legal y el avance hacia la autocracia.