En el periodo de sesiones que se iniciará en septiembre, Morena presentará como prioridad una reforma al artículo 73 de la Constitución, para que el Congreso pueda legislar en materia de extorsión, al tratarse de un delito que afecta a todos los sectores, desde empresarios a amas de casa y comerciantes informales, y que repercute en los precios al consumidor.

El coordinador de la bancada, Ricardo Monreal Ávila, anunció ayer que la iniciativa –que se envió a comisiones– se presentó porque se trata de un delito que se convirtió en un problema estructural y las modalidades son tan variadas que van desde el denominado cobro de piso, secuestro virtual, engaños por falsos premios, fraudes cibernéticos hasta llamadas de supuestos familiares que piden dinero.

“El impacto de la extorsión es profundo y pluriofensivo. No sólo afecta el patrimonio de las personas, al obligarlas a pagar sumas de dinero bajo amenaza, sino que también genera una presión sicológica constante en las víctimas, quienes viven con miedo… es un fenómeno delictivo que ha evolucionado hasta convertirse en un mecanismo de control territorial por parte de grupos criminales, que imponen cuotas ilegales” y está entre los delitos de mayor incidencia, junto al fraude y al robo o asalto en la vía pública o transporte público”, señala el documento.

La reforma plantea un agregado al inciso a de la fracción XXI de dicho artículo, para que el Congreso pueda expedir una ley que defina los tipos penales y sanciones en materia de extorsión, además de las que ya tiene en materia de secuestro, desaparición forzada de personas, trata de personas y tortura, entre otras.

Si bien ya está tipificado en el Código Penal Federal y en la mayoría de los códigos penales estatales, el ilícito se ha incrementado, por lo que aprobar una ley general en la materia definiría bases mínimas y uniformes de actuación contra esa práctica, expuso.

El costo del ilícito se traslada al precio de bienes

Monreal añadió que el costo oculto de la extorsión se refleja en los precios de bienes y servicios. “Es innegable que muchos de los productos de la canasta básica, como el aguacate y el limón, han sufrido incrementos en su precio debido a las ‘cuotas’ impuestas por grupos delictivos a productores y distribuidores”, señaló.