La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SPPC) tendrá un plazo de hasta seis meses para poner en marcha la Plataforma Central de Inteligencia, la que estará interconectada a los sistemas, las bases de datos y registros administrativos de las dependencias públicas y entes privados que tengan información relevante para el combate al crimen organizado.

De acuerdo con la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, la dependencia encabezada por Omar García Harfuch dispondrá de ese tiempo, una vez promulgada esa legislación, que fue aprobada por ambas cámaras del Congreso y próxima a ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Esa plataforma estará a cargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), adscrito a la SSPC, se podrá conectar en tiempo real a los sistemas de las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y las demás instituciones de seguridad del Estado mexicano, así como a los registros y bancos de información en posesión de cualquier otra dependencia pública y en su caso de particulares.

La intención es “sistematizar un mecanismo que permita a las autoridades federales de seguridad pública coadyuvar con el Ministerio Público en las investigaciones de los delitos de alto impacto. Esto, a través de la captación, el procesamiento, análisis y aprovechamiento de datos documentales, visuales, auditivos, audiovisuales y, en general, de cualquier información que permita identificar conductas que puedan comprometer la seguridad pública y ser constitutivas de delitos.

Asimismo, generar con esos datos pruebas que puedan ser incorporadas a las carpetas de investigación y coadyuven al fortalecimiento del proceso judicial y las sanciones penales a los responsables de ilícitos.

De acuerdo con la ley, el CNI diseñará y ejecutará mecanismos y acciones de coordinación y colaboración que faciliten que la información contenida en los sistemas de registros de inteligencia y de información sea compatible, actualizada e integrada a la plataforma.

Personal especializado con promesa de confidencialidad

Igualmente, impulsarán que la recopilación, el almacenamiento y suministro de la información se realice por personal especializado debidamente certificado, que deberá signar un documento con una promesa de confidencialidad.

De hecho, en la ley se establece que los planes, programas, la información de inteligencia que se genere, los métodos, las fuentes, así como las decisiones que se tomen a partir de esos datos serán de carácter reservado, confidencial y estarán protegidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y, en lo que resulte aplicable, por la Ley Nacional de Seguridad.

Esta última deberá ser reformada para armonizarla con las nuevas disposiciones y para eso el Congreso contará también con un plazo de 180 días.