l primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que proseguirá su campaña de conquista hasta controlar la totalidad de Gaza y que actuará para que nadie lo detenga. Para explicar por qué el domingo anunció la entrada limitada de ayuda humanitaria al enclave, dijo que ni por razones prácticas ni diplomáticas es conveniente que la población caiga en la hambruna, pues los amigos de Tel Aviv le advirtieron que no podrán apoyar la continuación de la masacre si siguen circulando imágenes de hambruna masiva como las que tienen lugar desde marzo, cuando el propio Netanyahu dispuso matar de hambre a los gazatíes.

Es necesario tomar un momento para dimensionar lo ocurrido. El dirigente de un país occidental declaró ante los micrófonos que ordenará a sus fuerzas armadas la ocupación permanente de un territorio extranjero y que tiene la firme intención de matar de hambre a sus 2 millones de habitantes aunque, de momento, se abstendrá de hacerlo a fin de seguir recibiendo el apoyo militar de sus aliados. Lo impensable ocurrió y ha ocurrido cada día desde hace casi dos años hasta hacer que el genocidio se convierta en una pavorosa normalidad.

En respuesta a las recientes palabras de Netanyahu, los mandatarios de Canadá, Francia y Reino Unido emitieron un comunicado conjunto en el cual exigen a Israel el fin de sus acciones escandalosas en Gaza y advirtieron que responderán con medidas concretas si no cesa su ofensiva militar y no desbloquea la ayuda humanitaria.

Asimismo, califican de totalmente desproporcionada la escalada con que Tel Aviv reaccionó al ataque perpetrado por el grupo islamita Hamas hace 19 meses. Ciertamente, no hay ninguna proporción entre los execrables sucesos del 7 de octubre de 2023 y la limpieza étnica que ha tenido lugar a partir del día siguiente, como no hay proporción entre la operación de exterminio israelí y las tardías, timoratas e hipócritas expresiones de condena de Mark Carney, Emmanuel Macron y Keir Starmer.

Pero no bastan las palabras. Esas medidas concretas debieron aplicarse desde 1916, cuando París y Londres sembraron muchos de los problemas que actualmente convulsionan a Medio Oriente con el reparto arbitrario y rapaz de este territorio mediante el tratado de Sykes-Picot; en 1948, cuando los sionistas –cuyo traslado a Palestina fue promovido por los estados europeos– comenzaron el genocidio contra el pueblo palestino y confiscaron los hogares de más de 700 mil personas; en 1967, cuando el Consejo de Seguridad de la ONU ordenó a Tel Aviv abandonar todos los territorios conquistados mediante la fuerza, o en cualquier día de cualquier año transcurrido desde entonces, tiempo en que los palestinos han sido rehenes de una potencia ocupante cuyos gobernantes plantean sin tapujos su deseo de exterminarlos y niegan de manera explícita su condición de seres humanos. En tiempos más inmediatos, severas sanciones contra el régimen de Tel Aviv debieron imponerse desde el 21 de noviembre de 2024, cuando la Corte Penal Internacional ordenó el arresto de Benjamin Netanyahu por crímenes de guerra y lesa humanidad, un mandato que Canadá, Francia y Reino Unido están obligados a cumplir como parte del Estatuto de Roma, pero que han ignorado por su incondicional apoyo a Israel.

En la actualidad, cualquier acción real para poner freno a la barbarie desatada por Netanyahu debe tener como punto de partida el congelamiento de relaciones con el gobierno genocida, incluir un embargo de armas total e inmediato, un cese de los intercambios comerciales y un bloqueo financiero a los recursos usados para cometer crímenes de guerra. Además, es imperativo combatir la desinformación vertida por políticos, académicos y medios cómplices del genocidio. Nada de esto resultaría extraordinario; lo único que se necesita es aplicar a Tel Aviv los mismos criterios utilizados con otros estados señalados por violar los derechos humanos y la legalidad internacional.