En el ataque contra personas migrantes en una carretera de Chiapas, el 1º de octubre de 2024, donde murieron seis extranjeros, militares incurrieron en uso excesivo de la fuerza mediante el empleo ilegítimo de armas de fuego al disparar contra el vehículo en que se trasladaban las víctimas, acreditó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Indicó que, según la investigación, no se demostró que alguno de los ocupantes de la camioneta donde viajaban los migrantes diera positivo en los dictámenes sobre plomo y bario, lo que refuta la declaración inicial de los soldados involucrados, quienes argumentaron que accionaron sus armas tras escuchar detonaciones.

Por ello, la CNDH emitió la Recomendación 175VG/2025 a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) por violaciones graves a los derechos humanos de las personas fallecidas, entre ellas una menor de edad; nueve heridas y 19 más que resultaron ilesas. Los migrantes provenían de Egipto, Nepal, Cuba, India, Pakistán y Perú.

El organismo expuso que “si bien es cierto que no se pudo determinar que existió intencionalidad directa por parte de los elementos castrenses para ocasionar los daños referidos –como causar la muerte de seis personas–, sí se generaron indicios que convierten a dos de ellos en directamente responsables frente a la obligación máxima que tenían, como servidores públicos, de proteger la vida y la integridad de las personas”.

Solicitó a la Defensa reparar integralmente el daño causado a las víctimas directas e indirectas con las que la CNDH ha tenido contacto y colaborado en el trámite de las denuncias presentadas ante el Órgano Interno de Control sobre la responsabilidad administrativa de los servidores públicos.