Comités de ejecución y vigilancia en 249 unidades territoriales reportaron al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) actos u omisiones que podrían constituir irregularidades, incumplimiento o mal uso de los recursos del presupuesto participativo para obras elegidas por sus comunidades en 2024.

En las alcaldías Iztapalapa, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Tlalpan y Gustavo A. Madero tuvieron el mayor número de casos, con 59, 35, 28, 27 y 24, respectivamente.

A partir del número de unidades de cada demarcación, Azcapotzalco –que gobernaba la panista Margarita Saldaña– fue la que tuvo más irregularidades en la aplicación de esos recursos, al presentar 25.22 por ciento, seguido por La Magdalena Contreras, que dirigía el priísta Luis Gerardo Quijano, con 11 casos, 21 por ciento de sus territoriales.

Sin embargo, el informe sobre la ejecución del presupuesto participativo que el IECM elaboró a partir de lo difundido por los comités de ejecución y vigilancia refiere que solamente 99 comités comunicaron posibles irregularidades a la Red de Contralorías Ciudadanas y 52 promovieron alguna denuncia ante la Secretaría de la Contraloría o el órgano de control interno de las alcaldías.

Además, el instituto registró 90 casos de imposibilidad de ejecución, aun cuando debieron ser declarados viables por los órganos dictaminadores de las alcaldías, donde Iztapalapa tuvo también el mayor número con 24, seguida por Álvaro Obregón y Coyoacán, con 18 cada una.

En ocho hubo una reconsideración de planes y en las 79 unidades territoriales restantes el proyecto se modificó mediante asambleas.

Por ejemplo, en la colonia Lomas de Guadalupe, de Álvaro Obregón, el proyecto para una pista de atletismo en el bosque de Auras resultó inviable por ser zona federal, y se cambió por la instalación de una reja en el límite de la barranca y río Guadalupe, en la colonia Ocotillos; también se propuso ampliar un salón de usos múltiples en andador 1 Oyamel, pero el predio es privado y se modificó por un camino seguro.

En el barrio Tula, Iztapalapa, donde la comunidad votó por instalar cámaras conectadas a la base Cuitláhuac, dicha obra ya había sido realizada por la alcaldía y la asamblea no determinó en qué aplicar los fondos.