En reuniones con la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jiménez-Damary, víctimas han denunciado el abandono e indefensión en que se encuentran después de tener que dejar sus comunidades a causa de la violencia y de conflictos agrarios, religiosos y políticos.

Asimismo, en el contexto de la visita de Jiménez-Damary a Chihuahua, Chiapas y Guerrero, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) señalaron la falta de una política pública que responda a la discriminación, marginación y precariedad en que se encuentran los desplazados, y acusaron que la ley general en la materia se encuentra congelada desde 2020 en el Senado.

El Cedehm, de Chihuahua, expuso que la violencia a que se enfrentan las comunidades suele venir principalmente de la tala ilegal, el despojo de tierras (para la siembra de amapola y mariguana, así como para proyectos extractivistas) o un simple método de control del territorio, que suele estar ligado a la captación de personas jóvenes por el crimen organizado.

En Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas dio a conocer que en la reunión con la experta de la ONU, las víctimas y organizaciones compartieron el contexto crítico del desplazamiento forzado. Indicó que los distintos episodios revelan la agudización de los problemas de violencia, la ruptura del tejido social y comunitario y la vulnerabilidad en la que se encuentran las comunidades indígenas. Añadió que se estima que entre 2010 y 2022 han sido desplazadas 14 mil 476 personas.

En Guerrero, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan señaló que las familias esperan que Jiménez-Damary, además de escucharlas, salga en defensa de sus derechos y emplace a las autoridades de los tres niveles de gobierno a poner en marcha una ley acorde a la realidad nacional y a aplicar políticas públicas que prevengan este problema y atiendan con eficacia a las víctimas.

Indicó que según datos hemerográficos, en Guerrero hay 17 municipios afectados con 41 episodios de desplazamiento, que suman 22 mil 890 personas, de 2016 a 2021.