on el comienzo ayer de la votación para ciudadanos en el extranjero, empezó en Colombia la elección presidencial que tendrá su jornada central el domingo.

ace unos días se dio a conocer la tercera edición del Índice de estado de derecho 2021-2022 correspondiente a nuestro país, el cual se presenta desde 2018 como un diagnóstico relevante sobre cómo andamos en rubros que, de acuerdo con la metodología de dicho índice, se consideran manifestaciones de un estado de derecho, concebido como un principio de gobernanza en el que aplican cuatro principios universales: rendición de cuentas, leyes justas, proceso justo y mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas, además de constituir uno de los pilares sobre el cual las sociedades pueden alcanzar una democracia efectiva. El estado de derecho es, incluso, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una condición esencial de las sociedades democráticas, junto con los derechos y libertades inherentes a la persona y sus garantías, que a la par constituyen una tríada en la que cada uno se define y complementa en función de los otros.

ras la pandemia, el fenómeno migratorio requiere nuevas herramientas globales que permitan rencauzar el curso que fue prácticamente bloqueado ante las necesidades, válidas o no, de evitar los contagios por el covid-19. De los 277 millones de personas que viven en un lugar distinto al suyo, 192 millones provienen de países de bajos y medianos ingresos. Lo que quiere decir que el componente destacado de la economía global ha sido la migración laboral internacional. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) calcula que 800 millones de personas en el mundo dependen de las remesas para complementar su ingreso o es más que parte total del mismo. Se trata de flujos financieros que en la mayoría de los casos se vieron reducidos lo que afectó a los países receptores. No así en México, cuyos montos se incrementaron y recibió 51 mil millones de dólares en 2021. El total mundial de las remesas se situó en 541 mil millones de dólares, es decir, el triple de la asistencia oficial para el desarrollo y 80 por ciento más que la inversión extranjera directa. Y, como puede suponerse, se mantuvieron las leoninas comisiones cobradas por los diferentes instrumentos financieros, sin importar las lastimosas condiciones que se estaban viviendo. Los retornos voluntarios, las deportaciones, las forzadas cuarentenas, las personas atrapadas en países de destino, los hacinamientos contrarios a lo que se exigía para evitar contagios, los migrantes enfrentaron la llamada gobernanza de seguridad fronteriza aplicada desde los ataques del 11 de septiembre para detener supuestos terroristas, es decir, controles, contención y aislamiento cuyas consecuencias fueron incalculables.

n unos días culminará en la Ciudad de México la marcha que salió el pasado 25 de abril de la comunidad wixárika de Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan, de los municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco, para exigir al Presidente de la República, la ejecución de las diversas sentencias a su favor logradas a lo largo de 16 años, que ordenan la restitución de más de 11 mil hectáreas de tierras ocupadas por ganaderos de la región. La marcha de cerca de 200 comuneros, fue un acuerdo de asamblea desde el pasado marzo. Se trata de la inédita decisión de organizar una movilización al caminar 800 kilómetros para mostrar al país y al mundo la falta de acceso a la justicia, pese a que lograron que los tribunales agrarios reconocieran que las tierras invadidas pertenecen de manera ancestral a su territorio comunal. Como señaló Silvia Ribeiro, tras recomendar el texto de Ramón Vera Herrera, Evangelina Robles y José Godoy ( Ojarasca, mayo 2022), desde 1953, en una resolución presidencial se reconoció que esas tierras son de las comunidades wixaritari, afirmando a su vez un título virreinal de 1718, que reconoce al pueblo wixárika como su legítimo dueño ( La Jornada, 21/5/22). Por todo ello ordenaron los magistrados agrarios la restitución, sin que a la fecha se hayan ejecutado completamente tales sentencias definitivas; si acaso 2 por ciento, han indicado. Como lo han reiterado, denunciado y probado en las instancias judiciales, se trata de 81 ganaderos mestizos, que han invadido y en consecuencia ocupado 10 mil 448 hectáreas en la zona de Huajimic, municipio de La Yesca, Nayarit. Mientras otras 800 hectáreas han sido invadidas en Puente de Camotlán, del mismo municipio. Justamente en el texto referido de Ojarasca se retoma la experiencia de gobiernos anteriores con el programa denominado focos rojos, con el que proponían incluso pagar indemnizaciones a los invasores para que salieran, sin establecer plazos ni tomar medidas para que dejaran la tierra, con el riesgo de que la siguieran ocupando y con más dinero. Todo lo cual generó desconfianza entre otros en el caso wirrárikas.