En comisiones del Senado avanzó ayer una reforma que permite al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), y al Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) constituir filiales para comprar terrenos, construir y remodelar casas habitación, para su venta o renta.

Los partidos Acción Nacional (PAN), y Revolucionario Institucional (PRI) votaron en contra con el argumento de que se pretenden utilizar los ahorros de los empleados para ese objetivo, mientras Morena aclaró que las acciones que se pongan en marcha de ninguna manera comprometerán la solvencia de los fondos ni el patrimonio de los trabajadores.

El dictamen a la minuta que reforma la Ley de Vivienda se deriva de una iniciativa del Ejecutivo, y se aprobó por 21 votos a favor, 8 en contra y una abstención. Se prevé que este martes será analizada en el pleno senatorial.

La propuesta también cambia el término vivienda “digna” por el de “adecuada”, lo que implica que deberá tener condiciones de asequibilidad, disponibilidad de servicios, seguridad en la tenencia y ubicación en lugares cercanos a espacios de trabajo, salud o educación.

Geovanna Bañuelos, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, subrayó que esta modificación constituye una base legal sólida para la meta de la actual administración federal de crear 1.8 millones de viviendas y entregar un millón de escrituras que den certeza jurídica a las familias.

Ricardo Anaya, del PAN, dijo que la reforma parece buena, pero en realidad representa un “peligro brutal” para el ahorro de la gente, pues busca financiar casas-habitación con el dinero de la subcuenta de vivienda de las Administradoras de los Fondos de Retiro (Afore).

Mely Romero, del PRI, expuso que se intenta usar un mecanismo depredador y realizar un asalto sin precedente al patrimonio de las familias. “Esto no es una caja chica para proyectos de gobierno en turno”, apuntó.

Guadalupe Chavira, de Morena, recalcó que la reforma contempla que las acciones previstas se realizarán salvaguardando el patrimonio de los trabajadores.