Quito. Debido a nuevas matanzas en Guayaquil y varias provincias, y entre denuncias de ataques contra pescadores en altamar por parte de aeronaves estadunidenses, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aplicará a partir del 3 de mayo otro toque de queda, “reconociendo los resultados de las fuerzas del orden durante el pasado estado de excepción”, que, según datos oficiales, redujo hasta 30 por ciento los índices de inseguridad.

En su cuenta de la red social X, el mandatario informó que “se dispone toque de queda de las 23 a las 5 horas desde el domingo 3 de mayo hasta el lunes 18 del mismo mes”, en nueve provincias y cuatro cantones. En estas poblaciones durante los pasados tres meses se cometieron, según los datos del ministerio de Interior, actos violentos, pero en menor medida que en el primer trimestre de 2025. Hasta el 31 de marzo se registraron 2 mil 86 muertes.

En abril se recrudeció la percepción de inseguridad porque sólo en el pasado fin de semana hubo varios hechos de violencia en provincias de Ecuador. En Guayaquil se perpetraron dos masacres, que dejaron 11 fallecidos: el sábado 18 de abril, cinco muertos en el barrio Cuba, entre ellos un niño de siete años; y el domingo 19, en las calles céntricas otro ataque armado dejó seis fallecidos.

La estrategia de Noboa se ha basado en la declaración de estados de excepción y toques de queda focalizados.

Desde que asumió el poder en noviembre de 2023 ha decretado 11 estados de excepción, bajo la justificación del llamado “conflicto armado interno”, definido así desde el 9 de enero de 2024. Con el de ayer suman una docena. Asimismo, con el decretado este lunes 20 de abril, contabiliza cinco toques de queda, figura legal que restringe la movilización desde la medianoche, se eliminan las garantías constitucionales para facilitar intervenciones y allanamientos.

Situación crítica sobre violencia y desapariciones

Aunque no existe una cifra oficial consolidada de pescadores fallecidos por los bombardeos de aeronaves estadunidenses, varios informes de este mes indican una situación crítica con algunas denuncias de ataques y desapariciones.

De hecho, se conformó una Asociación de Madres y Esposas de Pescadores Artesanales, que reúne a familiares de al menos 15 trabajadores del mar originarios de la población de Jaramijó que podrían estar entre las 170 personas fallecidas en ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental ejecutados por fuerzas militares estadunidenses desde septiembre de 2025.

En varias entrevistas, los tripulantes de barcos como el Don Maca y el Negra Francisca Duarte han denunciado haber sido atacados con drones y explosivos por militares extranjeros en alta mar. Frente a ello, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) demandó acciones urgentes ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) por la desaparición de ocho pescadores del barco Fiorella, de quienes no hay rastro desde enero pasado tras avistamientos de aeronaves estadunidenses. Al mismo tiempo, en cuentas personales y de medios locales hay testimonios de tripulantes con pérdida de visión y tímpanos destruidos debido a las explosiones.

A pesar de estos testimonios y de los sobrevivientes de los ataques que fueron trasladados a El Salvador y luego repatriados a Ecuador, la canciller Gabriela Sommerfeld aseguró que “no hay claridad absoluta sobre los hechos y que la cooperación internacional es parte de la lucha contra el narcotráfico”. Frente a ello, los legisladores de la Revolución Ciudadana, en la Asamblea Nacional, han impulsado resoluciones para fiscalizar estos incidentes y exigir investigaciones por presunta desaparición forzada.