El dirigente nacional del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia, demandó a las autoridades laborales y judiciales intervenir para investigar y sancionar a la empresa canadiense Orla Mining, que opera la mina Camino Rojo, por alentar y permitir que elementos del crimen organizado amenacen e intimiden a sus trabajadores para obligarlos a salir de ese organismo gremial.

¿Quién va a responder si el personal de la mina es golpeado, desaparecido e incluso asesinado?, preguntó en relación con la postura de las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Economía, de rechazar la resolución del panel del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC, que encontró responsable a Orla Mining de violar las leyes mexicanas al presionar a los mineros, incluso a través de un grupo armado, a que se afilien a “un sindicato de protección” con sede en Monterrey.

“Se trata de un precedente muy importante del MLRR para que empresas de Estados Unidos y Canadá reflexionen en el sentido de que no pueden venir a México a actuar como no lo pueden hacer en sus naciones respectivas.”

Sin embargo, expresó preocupación por la “nula respuesta gubernamental” y el silencio también del gobierno de Canadá y de su embajada en México.

En entrevista con La Jornada, refutó los argumentos de la STPS contra la resolución del panel, consideró que se le debe revocar la concesión a Orla Mining y la Fiscalía General de la República (FGR) debe atraer la investigación, toda vez que la fiscalía de Zacatecas, donde ésta la mina, nada ha hecho, sólo negar que haya alguna denuncia.

La corporación, que explota oro y plata, no puede quedar impune, sobre todo porque no es el único caso en que una empresa de Canadá acude a la delincuencia organizada para amedrentar a los sindicalizados.

El también diputado federal de Morena recordó el asesinato en enero de 2018 de tres trabajadores de Torex Gold Resources, concesionaria de la mina Media Luna –productora de oro y plata, localizada en la sierra de Guerrero–, a manos de golpeadores contratados por un sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) para evitar que el personal se afiliaran al Sindicato Minero.

Un trabajador más está desaparecido y nada se ha hecho, recalcó, y se refirió asimismo al conflicto con otra empresa canadiense, Americas Gold and Silver Corporation, que hizo “exactamente lo mismo en la mina de Cosalá, en Sinaloa, donde se valió también de un sindicato cetemista y delincuentes del crimen organizado para presionar a los trabajadores a migrar a sus filas.

“No quieren esas empresas canadienses al Sindicato Minero, porque nosotros peleamos las mejores condiciones salariales y de seguridad para nuestros agremiados y les paramos el alto cuando no respetan sus derechos”. Entre 65 y 70 por ciento de la inversión extranjera es de empresas mineras, que en su mayoría se apegan a la legalidad, pero hay algunas que no y que actúan de manera impune, relató.

Respecto a la postura de la STPS y Economía, de rechazar la resolución del panel bajo los argumentos de que fue más allá de sus facultades y no puede resolver sobre casos de violencia, les recordó que en el capítulo laboral del T-MEC los tres países se obligan a respetar la libertad de asociación y contratación colectiva, en un clima libre de violencia e intimidación.

“Se ajustó a lo establecido en el tratado comercial y aun suponiendo que se hubieran excedido en sus facultades, que no es así, las autoridades mexicanas están obligadas a investigar y sancionar. ¿O la idea es proteger a una corporación extranjera que pasa por encima de la Constitución y la ley?”, dijo.

Interrogado sobre la decisión del MLRR de acudir, el diputado con licencia precisó que, dado el clima de violencia contra los trabajadores y los líderes afiliados a la sección 335, que han resistido desde hace dos años el asedio de la empresa, consideraron que era el mejor camino, a fin de evitar “una agresión brutal a los mineros de Camino Rojo” por parte del crimen organizado.

El resolutivo del panel, donde participan representantes de México, Canadá y Estados Unidos, es contundente, dijo, toda vez que presentaron hechos claros luego de visitar la mina zacatecana y constatar las denuncias de trabajadores sobre las agresiones de miembros del “sindicato patronal” de Monterrey, quienes, junto con criminales, fueron a casas de los dirigentes seccionales a amenazarlos a punta de pistola de que los iban a secuestrar, desaparecer e incluso matar si permanecían en el Sindicato Minero.

En ese reporte, que es vinculatorio, los panelistas dejaron claro que la empresa alentó y permitió la actuación del crimen organizado contra los trabajadores para violentar su derecho de libre asociación y ello, las autoridades “no pueden ignorarlo y mirar para otro lado o parecería que están protegiendo a estas empresas extranjeras que actúan ilegal y arbitrariamente”.