La ministra Lenia Batres Guadarrama llevará la próxima semana al pleno un proyecto que busca eliminar el freno que la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) impuso a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas, al exigirle –en ausencia de orden judicial– acreditar la existencia de una “solicitud expresa” de un organismo internacional.

El asunto se origina en un amparo directo en revisión promovido por la empresa estadunidense Fresh Packing Corporation, propiedad de Vicente Zambada Zazueta –presunto sobrino de Ismael El Mayo Zambada–, incluida en la lista de personas bloqueadas de la UIF por presuntos vínculos con el crimen organizado, irregularidades financieras y fiscales; señalamientos que la empresa rechaza.

La togada propone negar el amparo a la empresa de distribución y empaque de frutas y verduras, y dejar firme el congelamiento de las cuentas, con base en un nuevo criterio obligatorio que fortalecería las facultades de la dependencia adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Con ello, la llamada nueva SCJN abandonaría el criterio vigente desde 2018, según el cual la UIF sólo puede bloquear cuentas sin orden judicial cuando la medida responda a “solicitud expresa” de autoridades extranjeras, en cumplimiento de acuerdos internacionales contra el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo.

Dicha jurisprudencia fue ratificada en octubre de 2024 por la extinta segunda sala, al resolver una contradicción de criterios que derivó de un recurso promovido por el equipo legal del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, asunto en el cual Batres votó en contra.

El proyecto, enlistado para el lunes 6 de abril, propone actualizar el criterio por considerarlo obsoleto ante nuevos esquemas de lavado de dinero y perjudicial para el interés público, además de excesivamente formalista al limitar los bloqueos a solicitudes internacionales.

Sostiene que el congelamiento es una medida administrativa y preventiva, sin orden judicial previa, alineada con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que permite a la UIF actuar con base en su propia inteligencia financiera, garantizando la seguridad jurídica conforme a la Ley de Instituciones de Crédito, que define los supuestos de bloqueo y permite la defensa posterior de los afectados.

“Se considera que se debe interrumpir el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 46/2018 (10a), porque su implementación genera severas distorsiones en detrimento del interés público que es necesario revaluar”, señala la propuesta.