a semana pasada, un tribunal de Frankfurt confirmó el brutal régimen de muerte civil impuesto por la Unión Europea al periodista turco-alemán Hüseyin Doğru, a quien congeló las cuentas bancarias y prohibió ejercer un empleo remunerado o trabajo autónomo, así como cualquier viaje dentro del espacio Schengen. Por añadidura, en días recientes las autoridades alemanas extendieron la congelación de cuentas a la esposa del informador, quien, entre otras cosas, ha venido documentando la creciente adhesión de Berlín al autoritarismo de derecha que campea por buena parte del mundo, las tareas de las organizaciones de solidaridad con Palestina y la violencia policial desplegada para reprimirlas. Las autoridades lo acusan de “sembrar la discordia étnica, política y religiosa”, y de contribuir a “las actividades desestabilizadoras de Rusia”, sin más fundamento que los tuits de denuncia difundidos por Dogru y el hecho de que haya colaborado en algún momento con el medio Russia Today (RT). La prohibición de acceder a sus propios recursos económicos se extiende a cualquier persona que intente proporcionarle dinero, lo que podría acarrear cargos penales. Con tres hijos pequeños, el periodista sólo puede hacer retiros por 506 euros mensuales (poco más de 10 mil pesos mexicanos, al cambio actual), una suma del todo insuficiente para los gastos de una familia en Berlín, y con el agravante de que no puede usar ese dinero para cubrir el alquiler ni contratar servicios esenciales.
Mucho más conocido es el caso de la relatora especial de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los territorios palestinos ocupados por Israel, Francesca Albanese, a quien el gobierno de Donald Trump impuso un veto del sistema financiero mundial por sus denuncias sobre el genocidio que el régimen de Tel Aviv perpetra en dichos territorios. La persecución contra esta funcionaria internacional ha llegado al grado de que los ministerios del Exterior de Francia, Alemania, República Checa y de su natal Italia han pedido su remoción, atribuyéndole supuestas declaraciones en el sentido de que Israel es “enemigo de la humanidad”, un aserto que ella ha desmentido. La imputación es tan grotescamente falsa que Amnistía Internacional demandó el mes pasado a los gobiernos de esos países que se retracten de sus ataques, basados “en un video deliberadamente cortado para tergiversar y malinterpretar gravemente sus mensajes, lo que es evidente cuando se ve su discurso original en su integridad”.
Otro ejemplo del viraje represivo y persecutorio en el que gobernantes de derecha han sumido al viejo continente es el del diplomático libanés Mohamad Safa, promotor de la ayuda humanitaria y defensor de los derechos humanos, la justicia social y la acción climática, quien fue hasta este mes director ejecutivo y representante ante la ONU de la organización no gubernamental Patriotic Vision (PVA), que dispone de un estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social (Ecosoc) del máximo organismo internacional. Impedido desde hace dos años de usar el sistema bancario por denunciar los crímenes de guerra perpetrados por Israel, Safa se vio recientemente obligado a renunciar a ambos cargos, luego de que el banco Sparkasse cancelara la cuenta de su esposa.
Un cuarto caso es el del rapero catalán Pablo Hasél, quien a pesar de las campañas internacionales que exigen su libertad, lleva más de cinco años en prisión en España por “enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona y calumnias contra instituciones del Estado”.
Los mencionados no son los únicos ejemplos, pero sí algunos de los más representativos de la cancelación de libertades fundamentales en el que insiste en llamarse “mundo libre”, conformado por países supuestamente democráticos que, por un lado, reaccionan con aquiescencia ante los crímenes de lesa humanidad que vienen perpetrando Israel y Estados Unidos, y que, por el otro, califican de “dictaduras” a naciones como Irán y Cuba, al tiempo que mediante falsificaciones, distorsiones y retorcimientos legales, suprimen derechos básicos de sus propios ciudadanos. En este contexto, sería un error suponer que es sólo en Estados Unidos donde hay una dictadura en construcción; en las naciones europeas que se reclaman promotoras de los derechos humanos, el panorama no es menos ominoso.
