a justicia de Guatemala suspendió provisionalmente la construcción de una cárcel de máxima seguridad con capacidad para 2 mil reos de alta peligrosidad, principalmente pandilleros. La decisión judicial no se basa en consideraciones de derechos humanos, sino en la queja de un grupo de ciudadanos acerca del riesgo para la población por posibles inundaciones en la zona y el traslado de emergencia de los prisioneros. Aunque el gobierno del presidente Bernardo Arévalo niega que la prisión ubicada en el departamento de Escuintla sea una réplica del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, lo cierto es que éste está diseñado para albergar a miles de reclusos bajo regímenes de aislamiento severo y que el mandatario enfrenta una fuerte presión social para adoptar el enfoque fascista de su vecino en el combate a las pandillas.
Este freno judicial ocurre en un contexto de fascinación por el modelo de seguridad salvadoreño entre los gobiernos de derecha y ultraderecha de América Latina. En Chile, el pinochetista José Antonio Kast hizo campaña con la promesa de suspender garantías para emular el control territorial mediante el despliegue militar. En Ecuador, el no menos radical Daniel Noboa imita el estado de excepción permanente y avanza en la construcción de prisiones de máxima seguridad siguiendo el diseño de los centros de confinamiento de Nayib Bukele. Costa Rica y Paraguay han visto surgir propuestas que endurecen las penas y facilitan el encarcelamiento “preventivo”, mientras en Argentina el discurso oficial ha girado hacia la “mano dura” y la exhibición de reclusos en condiciones degradantes. Esta tendencia revela un desplazamiento hacia el punitivismo como panacea ante la inseguridad, ignorando las graves consecuencias para la estabilidad institucional y la hipocresía que subyace a un modelo que solapa e incluso estimula los crímenes de cuello blanco, como han hecho Javier Milei con su “presunción de inocencia fiscal” y Kast con la eliminación de regulaciones ambientales.
La expansión del bukelismo representa una deriva alarmante hacia la cancelación del estado de derecho y la institucionalización de la violencia estatal bajo el disfraz del combate a la delincuencia. La documentación interna de inteligencia revela que 36 por ciento de las personas capturadas durante el régimen de excepción en El Salvador no contaban con perfiles criminales previos, lo cual confirma una estrategia de encarcelamiento masivo que prescinde del rigor judicial. En cuatro años de vigencia de esta medida, se han registrado cerca de 7 mil denuncias por detenciones arbitrarias de ciudadanos sin vínculos con pandillas, de los cuales al menos 500 murieron antes de llegar a un juicio. Esta desprotección se agrava con prácticas de fabricación de evidencia, el uso de denuncias anónimas sin corroborar y la detención de familiares cuando los objetivos principales no son localizados.
La supuesta eficacia de este modelo se cimenta sobre una aritmética de la represión que contradice los propios registros oficiales. Según datos de la Policía Nacional Civil, en 2021 el universo de pandilleros en libertad ascendía a 58 mil 270 individuos; no obstante, bajo el estado de excepción se han realizado ya 91 mil arrestos, lo que arroja un excedente de 33 mil detenciones respecto a los censos originales. Pese a ello, la suspensión de las garantías constitucionales se renueva sistemáticamente bajo el argumento de que aún quedan criminales por detener, lo que ha llevado a que hoy en día el dos por ciento de la población adulta se encuentre encarcelada. Esta desproporción evidencia que el régimen ha trascendido la seguridad pública para convertirse en un mecanismo de control social donde el encierro indiscriminado se impone sobre la verdad jurídica.
En conclusión, el bukelismo es un modelo inviable para las naciones de la región, no sólo por su altísimo costo humano y jurídico, sino porque la apuesta exclusiva por el encierro masivo es incapaz de generar condiciones de paz duraderas. Mantener estas tasas de encarcelamiento drena los recursos públicos que deberían destinarse a la educación, la salud y el empleo, hipotecando el desarrollo de las próximas décadas. El camino de la “mano dura” es una salida falsa que ofrece alivio inmediato al miedo social a cambio de sacrificar la legalidad. Las sociedades latinoamericanas deben evitar esta tentación autoritaria y apostar por la reconstrucción del tejido social y el combate frontal a las desigualdades como único camino real y humanitario a fin de atajar la violencia.
