Una treintena de agrupaciones sociales que integran la Coordinadora de Pueblos y Organizaciones Indígenas de México (Copim) se manifestaron en contra del llamado plan B de la reforma electoral, en particular contra la modificación planteada al artículo 115 constitucional, que reduce el número de sindicaturas y regidurías, porque se “limita la capacidad de las comunidades para integrar sus propios espacios de decisión en los cabildos”.

También exigieron poner fin a la omisión legislativa y que se cumpla con el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional de septiembre de 2024, para expedir la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos y la Ley General de Consulta Indígena.

La Copim calificó el plan B de regresión autoritaria que centraliza el poder, asfixia la autonomía de las comunidades y limita su representación en los cabildos.

Para la coordinadora, la minuta que se encuentra en la Cámara de Diputados ignora la nueva condición constitucional de los pueblos como sujetos de derecho público y responde a una lógica que no toma en cuenta la diversidad cultural.

Bajo el plan B se aplica una lógica de estandarización administrativa que omite la naturaleza pluricultural de los municipios con población indígena. Al imponer topes máximos a las regidurías, se limita la capacidad de las comunidades para integrar sus propios espacios de decisión en los cabildos, lo que vulnera el pacto federal y el derecho a la autogestión local, destacó.

Advirtió que, de no establecerse un diálogo real que refleje estas demandas en el texto de la ley, recurrirá a mecanismos de resistencia legal y judicialización masiva para defender el pacto federal.

En un comunicado, también pidió que haya una representación sin intermediarios, sin partidos; es decir, que se reconozcan los mecanismos propios de los pueblos para postular representantes de manera directa, sin instituciones políticas.