l gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó ayer un informe exhaustivo acerca de la crisis de desaparición forzada en el país, las políticas puestas en marcha para abordar este drama social y los avances obtenidos en el primer año y medio de su administración. Además de la mandataria, comparecieron ante la ciudadanía la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla; la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumercindo.

Al revisar y actualizar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda, se determinó que desde 1952 a la fecha se han presentado 394 mil 645 reportes de desaparición, de los cuales 262 mil 111 (66 por ciento) corresponden a personas ya localizadas y 132 mil 534 a quienes continúan con estatus de no localizados y desaparecidos. De los localizados, 240 mil 211 (92 por ciento) fueron encontrados con vida y, de éstos, 96 por ciento no fue víctima de ningún delito.

Cabe señalar que desde octubre de 2024 se localiza a 66 por ciento de las personas que son reportadas como desaparecidas. Los reportes que no han dado pie a una localización se dividen entre 2 mil 356 referentes a hechos ocurridos hasta 2005 y 130 mil 178 desde 2006, cuando el fenómeno cobró dimensiones alarmantes como resultado de la falsa “guerra contra el narcotráfico” desatada durante el gobierno de facto de Felipe Calderón.

A su vez, esos 130 mil 178 registros se han clasificado en tres categorías para facilitar las labores de búsqueda. El 36 por ciento (46 mil 742) no tiene datos suficientes para emprender un rastreo. En muchos casos, no se indica ni siquiera el nombre de la persona desaparecida debido a las deficiencias con que fue creado el registro nacional en 2017.

El 31 por ciento (40 mil 308) tienen datos suficientes para la búsqueda y registraron actividades después de su fecha de desaparición, por ejemplo: obtuvieron actas de matrimonio, inscribieron menores ante el Registro Civil, renovaron su credencial de elector o realizaron trámites laborales. Desde octubre de 2024 se ha ubicado a 5 mil 269 personas de este grupo y, aunque las autoridades no lo mencionan, cabe presumir que una importante proporción de quienes quedan por localizar se ausentaron de manera voluntaria y continúan sus vidas apartadas de los familiares u otros vínculos que reportaron su desaparición.

Por último, 33 por ciento (43 mil 128) en-globa reportes en que se dispone de suficientes datos para la búsqueda y no se detectan actividades que dejen un rastro documental posterior a la fecha de desaparición. Está claro que las tareas más urgentes de búsqueda deben concentrarse en este conjunto, por ser el que presenta mayor riesgo de intervención del crimen organizado u otros actores delictivos.

Es importante remarcarlo: al hablar de ausencias voluntarias o del significativo índice de localización no se trata de exonerar a las autoridades de su responsabilidad ni mucho menos de minimizar una tragedia tan dolorosa para la sociedad mexicana. Por el contrario, si se insiste en la importancia de evitar las especulaciones, depurar los registros y basar las indagatorias en información fidedigna es porque partir de los hechos constituye la mejor manera de concentrar recursos materiales y humanos limitados en la búsqueda y localización de las personas víctimas de desaparición forzada.

En este sentido, la comparecencia de las autoridades, el inestimable robustecimiento institucional de los mecanismos de búsqueda a partir de las reformas legales promulgadas en julio de 2025 y los canales permanentes de comunicación establecidos desde el nivel más alto de gobierno con los familiares y colectivos de víctimas suponen pasos en la dirección correcta para saldar una de las grandes deudas del Estado con la sociedad. Cabe esperar que en los próximos meses, las muestras de voluntad política se traduzcan en avances acelerados tanto en la localización de las personas desaparecidas como en impedir nuevas desapariciones.