Me sorprende que la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo no mencione en su carta que, gracias a la publicación de mi reportaje del domingo, el lunes 23 de marzo ella emitió un acuerdo del expediente 218/2026 para que el quejoso que amparó (Pedro Miguel Babb Villarreal) se presente en un plazo de cinco días hábiles ante el juez de control y de juicio oral penal del estado de Nuevo León.

En lugar de excusarse en este asunto de Nuevo León que no corresponde a Tamaulipas, la jueza insiste y se refiere de manera extraña al empresario imputado como “Bobb Villarreal y otros involucrados”, sin mencionar sus verdaderos nombres: Pedro Miguel Babb Villarreal, José Manuel Mireles Verástegui y Carlos Eduardo González Hernández.

Sobre las polémicas decisiones de la jueza Duarte Cedillo en su pasada posición, emitidas desde el juzgado segundo de distrito en materia penal en el estado de México, que favorecieron a presuntos delincuentes, cabe señalar que existen decenas de notas periodísticas al respecto.

Finalmente, la jueza dice que no fue suspendida de su función por el caso Florian Tudor, pero omite señalar las razones por las que efectivamente fue suspendida y enviada a Tamaulipas.