La realización conjunta de todas las elecciones en 2027 y la revocación de mandato no generarán ahorros, advirtió Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), al señalar que las contiendas de los poderes de la Unión, más el ejercicio de participación ciudadana no son compatibles en su operación.

El plan de juntar todos los procesos –dijo– sólo traerá tensión, además de la complejidad que significa ese contexto para la ciudadanía. “Ya será el INE el que tenga que ver una organización mucho más amplia, si se conserva este modelo, para poder reclutar y capacitar al funcionariado (de casillas), y mucho me temo que los ahorros no se van a dar porque la capacitación de unos y de otros son diferentes, son mesas diferentes, casillas diferentes, funciones diferentes, cómputos diferentes”, señaló.

En entrevista explicó que la base del sistema electoral son las casillas con modelos distintos; en principio, porque en unas hay representantes de partidos políticos (contiendas tradicionales) y en otras no (elección de juzgadores), mientras la revocación de mandato tiene su propio marco constitucional y legal.

De igual forma, sería necesario ampliar o acondicionar bodegas para recibir y custodiar los paquetes electorales y la papelería electoral, desde la impresión de las actas de resultados.

Cómputos distintos

En los cómputos, también el sistema es distinto, pero los vocales distritales (los que cuentan los votos de la elección judicial) son los mismos, de modo que si se juntan todos los procesos el mismo día habrá que ver quiénes van a estar recibiendo los paquetes el día de la elección.

Asimismo, añadió Zavala, desde el punto de vista ciudadano habrá momentos en que las campañas de unos y otros transcurran; aparte, el INE tendrá que fiscalizar los ingresos y gastos de todos los candidatos (del ámbito federal y local).

Por otra parte, subrayó que hasta el momento el INE no tiene una posición técnica colegiada frente al Plan B, de ahí que siete consejerías firmaron un comunicado en el cual se deslinda de cualquier documento que en ese sentido haya sido entregado a los legisladores.

“Ese documento no lo conocemos los consejeros y consejeras que firmamos el comunicado; hay que dar claridad a los ciudadanos”, puntualizó.