La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó ayer que las declaraciones de víctimas extranjeras de secuestro sin asistencia consular podrían afectar el proceso penal contra su captor.

Con seis votos contra tres, el pleno estableció un criterio obligatorio que reconoce la notificación consular como un derecho humano que forma parte del debido proceso y protege tanto a imputados como a víctimas. Sin embargo, tres ministras que votaron en contra advirtieron que esta decisión podría abrir la puerta a la impunidad.

El caso deriva de dos amparos directos promovidos por personas condenadas a 54 años por delincuencia organizada y secuestro de migrantes en 2010, en Matamoros, Tamaulipas, quienes impugnaron la obtención y valoración de declaraciones de víctimas extranjeras sin asistencia consular; según el expediente, éstas –mexicanas, hondureñas y guatemaltecas– fueron engañadas con la promesa de llevarlas a Estados Unidos y luego privadas de la libertad.

Por mayoría calificada, la Corte aprobó el proyecto del ministro Giovanni Figueroa Mejía mediante el cual revocó las sentencias del primer tribunal colegiado del decimonoveno circuito que negaron el amparo a los imputados y le ordenó emitir nuevas resoluciones conforme a los parámetros fijados.

“Hacia el futuro tendremos que mandar esa señal de que se debe dar asistencia consular al imputado, como a la víctima, porque ese es el estándar que ya está en nuestro marco jurídico mexicano”, dijo el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz.

En su exposición, el ponente aclaró que la falta de asistencia consular no vuelve automáticamente ilícitas ni excluye las declaraciones de las víctimas; sin embargo, subrayó que debe evaluarse si existe “un verdadero impacto real, directo y sustancial” que justifique su invalidez.

Para ello, la Corte fijó parámetros destinados a que las autoridades evalúen si la falta de asistencia consular afectó la prueba, considerando condiciones de la declaración, barreras lingüísticas, su carácter irrepetible, la ausencia de asesoría y su peso en la condena.

Al emitir su voto, la ministra Lenia Batres Guadarrama Batres se dijo “muy sorprendida de que estemos abriendo esta posibilidad de impunidad gravísima”.