La Cámara de Diputados aprobó anoche regresar al esquema de flexibilidad de la presentación de garantías que los contribuyentes con créditos fiscales deben cumplir para asegurar el interés tributario, esto es, el derecho de la autoridad al cobro de impuestos, en una medida que busca reducir los litigios presentados por las empresas.

Con los cambios al artículo 141 del Código Fiscal se restaura un sistema tributario más equilibrado y ágil, que protege el interés en la materia sin debilitar la posibilidad de defensa del contribuyente, explicó en tribuna el presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano (Morena).

Con este fallo se corrigió la reforma que la Cámara realizó a ese mismo artículo apenas en noviembre, cuando se determinó que, cuando exista un crédito fiscal, en tanto se desarrolla un eventual litigio, los contribuyentes deben garantizar el interés tributario conforme a un orden obligatorio con seis medidas: billete de depósito, carta de crédito, prenda –excepto bienes intangibles e hipotecas–, fianza, obligación solidaria de un tercero y embargo en la vía administrativa de negociaciones, bienes muebles tangibles e inmuebles.

La Cámara avaló regresar al esquema para permitir que los contribuyentes decidan cuál garantía presentar ante el Servicio de Administración Tributaria, con objeto de que puedan asegurar el adeudo “de la forma que les resulte más accesible, dada su situación particular”.

La oposición recordó que, en el debate de noviembre, se advirtió que la medida tendría un efecto coercitivo e iba a desincentivar a quienes tienen voluntad de pagar, por el orden obligatorio de garantizar el pago del crédito fiscal.

En tribuna, Jericó Abramo (PRI) resumió que la reforma de noviembre tenía un objetivo: “era una venganza política, más que el pago fiscal”.

También desde la tribuna, el diputado José Antonio López Ruiz (PT) admitió el fondo del cambio de hace cuatro meses: “no fue con ventaja ni fue venganza; se llamó estrategia que nos permitió (cobrar) 60 mil millones de pesos más, y ustedes saben de quién”.

Jericó Abramo reconoció que se corrigiera la presión hacia los contribuyentes, en momentos en que “el estrés fiscal será mayor, dependiendo de los conflictos internacionales”.

Por otra parte, el pleno aprobó y devolvió, con cambios, al Senado las reformas a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que incluye medidas para acortar a un máximo de seis meses los litigios de carácter fiscal.

No obstante, la oposición alertó que, con las nuevas disposiciones, se dan mayores atribuciones al Tribunal de Justicia Administrativa, en detrimento de los contribuyentes.