La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de una nueva ley de inversión en infraestructura, para financiar proyectos estratégicos, sobre todo en hidrocarburos y electricidad, en un modelo en el que podrán utilizarse los fondos de los trabajadores depositados en las Afore, con la posibilidad del gasto público como garantía.

En su dictamen, la comisión –presidida por Carol Antonio Altamirano (Morena)– agregó un artículo X transitorio, para acotar que los proyectos de inversión deberán sujetarse a la Constitución, la Ley de Presupuesto y al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara, así como a la sostenibilidad de las finanzas públicas, sin que la aplicación de la nueva ley implique autorización de recursos ni la asunción de obligaciones financieras fuera de los límites legales. De lo que se trata es de salvaguardar el manejo del déficit y mantener la disciplina fiscal.

Asimismo, en sus consideraciones, la comisión definió que los proyectos de inversión plurianuales deberán sujetarse a la disponibilidad de gasto, lo cual garantiza que no se asuman obligaciones no aprobadas por el Congreso.

Dejó claro que la ley no modifica las reglas vigentes en materia de disciplina financiera, balance presupuestario, sostenibilidad de la deuda pública ni determinación de los requerimientos financieros.

El vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, planteó la necesidad de que el gasto de inversión pública se complemente con el privado, porque, si bien la economía mexicana ha mantenido una trayectoria de expansión, “resulta fundamental fortalecer los motores de inversión para alcanzar tasas de crecimiento más altas y sostenidas a largo plazo”.

La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro solicitó, de última hora, y cuando ya se había votado el dictamen, una serie de garantías adicionales para incrementar sus ganancias y reducir riesgos.

Planteó, por ejemplo, garantía presupuestal durante la vigencia de las obras, mayor rendimiento cuando se trate de proyectos de alto riesgo e incluso “una distribución equitativa” de los excedentes de ingresos previstos originalmente en los proyectos.