Jubilados de CFE y Pemex intentaron reventar la sesión
Jueves 26 de marzo de 2026, p. 4
La Cámara de Diputados aprobó ayer, sin cambios, la reforma al artículo 127 de la Constitución para terminar con las llamadas pensiones doradas, al establecer que los empleados de confianza de las empresas del Estado y la banca de desarrollo no puedan jubilarse con más de la mitad de las percepciones mensuales de la Presidenta de la República.
La enmienda promovida por la jefa del Ejecutivo fue avalada en lo general por unanimidad, pero en lo particular se aprobó por 363 votos en favor –de Morena, PT, PVEM y PRI–, 64 en contra del PAN y 25 abstenciones de MC. Cuatro morenistas rechazaron el documento: Gilberto Castillo, Arturo Olivares, Fernando Mendoza y Francisco Velázquez.
Al alcanzarse la mayoría calificada, la reforma fue enviada a los congresos de los estados.
Cuando el dictamen se discutía en el pleno de San Lázaro, un grupo de jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) trató de ingresar por la fuerza a la Cámara para protestar contra la aprobación de la iniciativa.
Luego de retirar a empujones las vallas metálicas de la entrada de la calle Emiliano Zapata, los inconformes lograron superar al primer filtro de acceso, donde –según la Dirección de Resguardo– rompieron mobiliario. Después de una protesta de más de una hora, se retiraron.
En una sesión que se extendió por 10 horas, los morenistas Haydid Arreola y Manuel Vázquez Arellano destacaron en tribuna que la iniciativa presidencial fija un límite al monto de las pensiones de quienes se desempeñaron como altos funcionarios de empresas del Estado, para “corregir la desigualdad y la injusticia” en este ámbito.
Por su parte, la petista Irma Garay señaló que la persistencia de esquemas pensionarios con montos desproporcionados “representa una carga para las finanzas públicas y una herida latente en la confianza de toda nuestra gente”.
A su vez, legisladores de la oposición, así como del PT, alertaron que la enmienda atenta contra los derechos adquiridos de miles de trabajadores de confianza de empresas del Estado que accedieron de forma legítima a una pensión no excesiva, por lo que llamaron a hacer ajustes en el documento para evitar posibles abusos.
Alejandro Domínguez (PRI) sostuvo que “es un intento deliberado para vulnerar derechos adquiridos, que rompe el orden constitucional y sienta un precedente peligroso para el futuro del país”, por abrirle la puerta a la aplicación retroactiva de la ley.
Por la tribuna pasaron más de 70 oradores para presentar reservas y, en este punto, el PT y la oposición insistieron en los riesgos de la retroactividad de la reforma; a pesar de los argumentos en ese sentido, no se admitió ningún cambio al dictamen.
Panistas y priístas, así como la diputada Margarita García (PT), criticaron que la reforma se concentra en las pensiones doradas de ex funcionarios de CFE y Pemex, pero dejó de lado los haberes de retiro de los que gozan otros sectores, entre ellos los ex ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los militares.
La priísta Nadia Navarro recalcó: “para legislar tenemos que ser congruentes, más aun cuando existen pensiones millonarias, grotescas, que no se eliminan, como las de Arturo Zaldívar, quien, aunque está en servicio activo (como coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia), cobra su pensión ostentosa como ministro en retiro”.
La vicecoordinadora del PAN, Noemí Luna, afirmó que Zaldívar “percibió ingresos por alrededor de 505 mil pesos mensuales, 6 millones al año, como se ha documentado, entre pensión y cargo público en 2025. ¡Esas sí son pensiones doradas!”
