Washington. Los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos respaldaron ayer al gobierno del presidente Donald Trump en defensa de su potestad para rechazar a los solicitantes de asilo cuando las autoridades consideren que los pasos fronterizos con México están demasiado saturados como para gestionar nuevas peticiones.

La disputa legal se centró en una política denominada metering (dosificación), que el gobierno del magnate podría intentar reactivar tras ser abandonada por su antecesor, el demócrata Joe Biden. La medida permitía a los funcionarios de inmigración detener a los solicitantes de asilo en la frontera y negarse indefinidamente a tramitar sus solicitudes.

La administración Trump impugnó la resolución de un tribunal inferior, que dictaminó que la medida violaba la ley federal. La política es independiente de la prohibición general del asilo en la frontera que el jefe de la Casa Blanca anunció tras volver a la presidencia el año pasado, que también se enfrenta a un recurso judicial en marcha.

De acuerdo con la Ley de Inmigración y Nacionalidad, los migrantes que cruzan a territorio estadunidense deben poder solicitar asilo si temen persecución en sus países de origen. La disputa legal en el centro del caso sobre la “dosificación” se concentra en el significado de las palabras “llegar a”.

El Departamento de Justicia argumentó que eso se refiere a cualquier persona que ya esté en el país, por lo que no se aplica a quienes las autoridades detienen del lado mexicano de la frontera. Varios abogados de inmigración señalan que la ley, desde hace mucho, ha significado que cualquiera que acuda a un puerto de entrada debe poder solicitar asilo, y que así debería ser.

En un revés al mandatario republicano, una jueza federal dictaminó que la administración Trump arrestó y deportó ilegalmente a una mujer a México un día después de que se presentó junto con su hija a una cita para obtener la tarjeta de residencia, en una “violación flagrante” de las protecciones legales para los inmigrantes que llegaron de niños al país.

María de Jesús Estrada Juárez entró a Estados Unidos a los 15 años y vivió ahí durante 27 años bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), programa implementado por Barack Obama. La jueza Dena Coggins escribió que el estatus DACA de Estrada Juárez “era indiscutiblemente activo”.

“El tribunal reconoció lo que hemos argumentado desde el principio: la deportación de María de Jesús fue ilegal porque su estatus DACA la protegía de ser expulsada”, celebró la abogada Stacy Tolchin. “Este fallo la reunirá con su hija, ciudadana estadunidense”, añadió.

En tanto, Markwayne Mullin juró como el noveno secretario del Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) en una ceremonia en la Casa Blanca. Llegó en sustitución de Kristi Noem, despedida este mes tras una serie de controversias.

“No me cabe duda de que cuando Markwayne tome las riendas del DHS, luchará por la seguridad nacional, por Estados Unidos, por garantizar la seguridad del país y por hacerlo realmente fuerte, como debe ser”, aseveró Trump.

Mientras, Minesota demandó al gobierno de Trump para acceder a pruebas que, afirman, necesitan para investigar de manera independiente tres tiroteos cometidos por agentes federales, incluidos los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti.

Tras el despliegue de agentes del ICE en los aeropuertos ante el cierre parcial del gobierno y la falta de personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), se viralizó un video que muestra a efectivos migratorios al arrestar a una mujer. Una investigación del New York Times encontró que funcionarios de la TSA alertaron al ICE de que la detenida planeaba volar a Miami. La mujer no tiene antecedentes penales, informó Heather Knight, jefa de la oficina del NYT en X.