El Centro de Derechos Humanos Tlachinollan denunció que hay un subregistro de datos oficiales sobre exclusión, delitos y violaciones en garantías individuales hacia las mujeres y niñas de los 20 municipios que integran la región de la Montaña de Guerrero.

En el informe Mujeres de la Montaña. Renacer entre los filos del olvido, se documentó que de 2020 a 2025 se perpetraron 83 feminicidios en la zona, mientras los reportes oficiales sólo indicaron 16. Sólo en 2025 asesinaron a 12.

A la vez, afirmó que continúa la venta de niñas para matrimonios forzados, con 16 casos, mientras oficialmente el registro es cero. En cuanto a las desapariciones denunciadas, hay 19 en este mismo lapso, pero la organización dijo “desconfiar en este dato”.

El informe mencionó que la región de la Montaña está habitada en su mayoría por mujeres indígenas, aun así, “se ven desproporcionadamente afectadas por la pobreza y la falta de acceso a la educación, además de los delitos –feminicidios, desapariciones y matrimonios forzados– cometidos en su contra, lo cual es agravado por la falta de capacidad del Estado para registrarlos con veracidad y perspectiva de género”.

Resaltó que en el caso de los matrimonios forzados, las edades de las niñas más pequeñas fueron de 12, 13, 14 y 15 años. Consideró “grave” la falta de registros oficiales de este indicador, pues está tipificado como delito en Guerrero, con penas privativas de la libertad.

Los municipios con mayor incidencia de ese delito son Cochoapa el Grande, con cinco denuncias, y Metlatonoc, siete. Subrayó que las denuncias fueron realizadas directamente ante Tlachinollan por las propias víctimas o familiares que acudieron en busca de apoyo.

A esto se suma el grado de marginación y vulnerabilidad de las comunidades, pues en 14 de los 20 municipios el nivel de pobreza de las comunidades está por encima de 80 por ciento, en algunos casos ocupa 99 por ciento. Además, 64.3 por ciento de la población analfabeta son mujeres. Por ello, el organismo enfatizó en la importancia de tener mecanismos comunitarios de documentación y acompañamiento en contextos donde el acceso a la justicia institucional es limitado o inexistente.

Además, recomendó reconocer la violencia estructural como raíz de la violencia de género, sobre todo en contextos de pobreza. También, analizar las incidencias de delitos de género con enfoque territorial e intercultural, así como promover la contratación de servidores públicos indígenas, quienes hablen las lenguas de los pobladores afectados y entiendan su cultura.