Oaxaca, Oax., Desde que comenzó el gobierno de Salomón Jara Cruz, el 1° de diciembre de 2022, Oaxaca ha tenido un claro y preocupante retroceso en materia de derechos humanos, denunció en su segundo informe Acción Colectiva por los Derechos Humanos en Oaxaca, integrada por 23 organizaciones civiles.

El documento, presentado el 17 de marzo en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, señala que en la entidad “continúan las violaciones sistemáticas a los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, de mujeres, niñas, niños y adolescentes, defensores, población LGBT+, así como personas con discapacidad, en situación de movilidad y comunidades afectadas por megaproyectos.

Entre las acciones documentadas están agresiones, desplazamientos forzados, feminicidios, desapariciones, violencia institucional, omisiones en servicios de salud, criminalización de la defensa de derechos y falta de atención integral a poblaciones históricamente discriminadas. Lo más preocupante es la falta de interés del gobierno del morenista para atender y resolver estas problemáticas, pues las respuestas gubernamentales a las que se enfrenta la sociedad y las organizaciones son de omisión, opacidad, simulación y falta de consulta efectiva”, lo que empeora la situación que se vive en la entidad, precisaron.

En el informe analizaron temas como el derecho a la salud, a la diversidad sexual, a una vida libre de violencia, derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, entre otros. También hicieron propuestas al gobierno de Jara Cruz para atender y resolver las problemas como persecución a los pueblos indígenas y afrodescendientes en diversas comunidades por la defensa del agua y el territorio.

San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe es un ejemplo, pero también existen conflictos agrarios que han derivado en desplazamiento forzado de más de 100 familias en San Juan Mazatlán Mixe, por la invasión armada de pobladores de Santo Domingo Petapa, situación que el gobierno morenista no ha atendido.

En el texto, se señala la persecución a los defensores de la tierra y el territorio, y de derechos humanos, por ejemplo el caso de “Laura Morales Juárez, defensora mixe de Rancho Ardilla y Rancho Minas, víctima de intento de despojo y agresiones”, quien pese a contar con medidas cautelares y formar parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, sigue siendo perseguida.

En el documento sobresale que “en los primeros dos años y medio de la actual administración, 44 personas fueron agredidas en lo individual y se perpetraron 70 ataques contra grupos, comunidades, colectivos, organizaciones o movimientos sociales en Oaxaca, de ellos, 27 fueron catalogados atentados a la vida en tres tipos: homicidio, ejecución extrajudicial y desaparición forzada. En estos actos se privó de la vida y asesinó a un total de 32 personas defensoras, y 50 por ciento de las agresiones se perpetró en el contexto del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, “el cual cataliza las agresiones contra personas defensoras en la región”.

Otro tema que preocupa es la creciente violencia hacia las mujeres, desde el inicio de la administración de Jara, hasta diciembre de 2025, pues se han perpetrado 287 feminicidios. Además, datos de Observatorio de Violencia Feminicida de GESMujer indican que sólo en 2025 sumaron 83 casos.

Otro fenómeno es el de la desaparición de mujeres: “en julio de 2025 documentaron 37 casos de niñas y mujeres, 24 de ellas fueron localizadas vivas, 12 siguen ausentes y una sin vida”, a esta situación se suma la falta de transparencia en cifras o mapeo de las autoridades.

En el informe se puntualiza que el problema en Oaxaca no es aislado, sino “responde a patrones sistemáticos de actuación institucional caracterizados por la falta de transparencia, la ausencia de consulta efectiva, la criminalización de la protesta social, la revictimización, la negligencia y la ineficacia en la aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos”.