San Cristóbal de Las Casas, Chis., El respeto al territorio es un activo de vida, no una mercancía, afirmaron centros de derechos humanos, colectivos y agrupaciones diversas del país, al tiempo de exigir “alto a la imposición de megaproyectos, presas, minas, trenes en territorios indígenas que despojan del bien vivir y afectan gravemente la red de la vida”.

En un documento difundido en el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, manifestaron que “el reconocimiento al cuarto nivel de gobierno es un avance, pero no puede quedar únicamente en la transferencia de recursos con condicionamiento externo o de fines electoreros, y tampoco se trata de valorar las formas de gobierno local, sino de crear mecanismos claros de coordinación entre las comunidades, municipio y el Estado que permita el fortalecimiento de la autonomía real, territorial e integral”.

Sostuvieron que “la expedición de una ley reglamentaria del artícu-lo segundo constitucional es un deber jurídico del Estado mexicano, pues garantiza que los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afromexicano no queden en declaraciones, sino que se traduzcan en normas vinculantes que aseguren su ejercicio efectivo en ámbitos políticos, sociales, económicos y culturales, fortaleciendo la libre determinación, la participación, la preservación de sus territorios y formas de organización; es una demanda urgente que no puede postergarse más”.

En el texto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), de Chiapas; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, de Guerrero; Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, de Yucatán, y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, de Jalisco, así como seis agrupaciones más, señalaron que “es urgente el establecimiento de medidas y acciones para una nueva relación del Estado con los pueblos indígenas, con mecanismos claros, medidas y acciones sustantivas que trasciendan las coyunturas electorales. Esto ya no es opción política sino una obligación legal e histórica de un país que se enuncia democrática”.

Las agrupaciones indicaron que “las recientes reformas legislativas a nivel nacional y algunas prácticas institucionales han reconocido a los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derecho público, lo cual valoramos como avance, pero insuficiente, ya que al parecer quiere reducirse a la trasferencia de recursos más allá del reconocimiento integral como sujeto político de derechos y con autonomía”.

Por ello, agregaron: “los pueblos y las organizaciones indígenas expresamos que la política hacia nosotros no puede circunscribirse sólo a trasferencias monetarias, programas temporales, folclor o programas asistenciales de voluntad sexenal. Es necesaria la transformación de esa mirada. Es indispensable el reconocimiento y garantía de nuestra participación en las políticas y decisiones que nos afectan. Nuestra participación no debe ser eventual sino estructural y permanente”.

Precisaron que “es urgente el establecimiento de mecanismos permanentes y vinculantes de consulta conforme lo establece el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”.

Asimismo, exigieron un “alto a la criminalización, desaparición y asesinato a las y los defensores del territorio; más desplazamiento forzado de personas indígenas, esto afecta gravemente a las mujeres y niñez, nos despoja de nuestra identidad y tejido colectivo”.