Organizaciones civiles y víctimas solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que vigile la situación de desplazamiento forzado interno en México, debido a que esta problemática persiste “y se ha expandido” en el país, ya que entre 2016 y 2024 –afirmaron– se documentó que 390 mil personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares.

Aunque reconocieron que si bien hay esfuerzos de las autoridades con la creación de legislaciones “subnacionales” e instrumentos jurídicos, a nivel federal no se cuenta con una ley para hacer frente a este flagelo. Además, subrayaron que el principal desafío es la “articulación efectiva” de las herramientas existentes para garantizar los derechos de las personas desplazadas.

En audiencia pública, el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y el programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, entre otros, también plantearon al organismo que solicite al Estado mexicano información periódica sobre las medidas adoptadas para la prevención y atención del problema.

Janeth Carrillo Díaz, representante de la organización, señaló que a la fecha no existe un registro oficial que permita dimensionar la magnitud del fenómeno. Sin embargo, a través del programa lograron documentar que en 2024 se registraron 72 eventos de desplazamiento interno que afectaron a 28 mil 900 personas en tres entidades federativas. Al año siguiente, indicó, se registraron 15 mil 795 personas en nueve estados.

Apuntó que se identificó una “reconfiguración de las dinámicas” que ocasionan esta problemática, pues además de que ocurre por disputas territoriales y la presencia de grupos armados, el uso de nuevas tecnologías de violencia como drones y explosivos también obliga a comunidades enteras a abandonar sus hogares.

Por su parte, Alejandro Encinas, representante permanente de México ante la Organización de Estados Americanos, destacó que en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 se establecen las directrices para el diseño de una política integral, medidas de prevención y solución. Asimismo, rechazó que los desplazamientos internos sean una situación generalizada en el país.

Indicó que en México la situación de movilidad humana es “multidimensional” y reconoció que se requieren políticas públicas diferenciadas para atender a cada población en específico, “generar soluciones duraderas y reparar integralmente a quienes atraviesan una situación de este tipo”.

Al respecto, la comisionada de la CIDH, Andrea Pochak, resaltó el hecho de que las autoridades reconozcan el problema, porque esto da pauta al diálogo y a superar el fenómeno, dado que las víctimas exigen que las políticas actuales se pongan en práctica con eficacia.