San Luis Potosí, SLP., El Tribunal Electoral de San Luis Potosí resolvió ayer un juicio a favor de la comunidad indígena de San Marcos Carmona, del municipio de Mexquitic de Carmona, con lo que se reconoce que “tiene derecho a ser consultada para la elaboración de las políticas y decisiones sobre obras en materia ambiental”.

Dicha resolución protege los derechos ambientales del pueblo indígena frente a los grandes proyectos inmobiliarios que en el pasado ignoraron a los habitantes de la región para imponer obras privadas que afectan los ecosistemas y ríos del lugar.

Con este fallo judicial, el ayuntamiento de Mexquitic de Carmona queda obligado a sujetarse al Acuerdo de Escazú –en materia ecológica y ambiental–, y a la Ley de Consulta Indígena de San Luis Potosí.

Entre otras cosas, “la resolución ordena al ayuntamiento de Mexquitic que en un término breve debe constituir la unidad o dirección de asuntos indígenas, cuya persona titular tiene que ser electa por sus habitantes”.

Resisten despojo de tierras

El juicio TESLP/JDC/02/2026, que resultó favorable, es relevante porque “reconoce y protege los derechos a la participación política en materia ambiental de una comunidad indígena que resiste el despojo de sus tierras por parte de empresas inmobiliarias que, además, contaminan el río Calabacillas”, informó a La Jornada el abogado Guillermo Luévano, integrante de la clínica de litigio estratégico de la maestría de derechos humanos de la Universidad de San Luis Potosí, institución pública que asesora a la población indígena de San Marcos Carmona.

En noviembre de 2024 el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas otorgó el certificado de reconocimiento a la comunidad de San Marcos como pueblo indígena, y desde entonces “se le notificó al ayuntamiento que tenía que realizar consultas previas” a la población, antes de permitir a compañías privadas la realización de proyectos inmobiliarios de alto impacto ecológico y medioambiental, aspecto que ignoraron las autoridades municipales.

Lo que sigue en el litigio jurídico, indicó el defensor, es revertir las autorizaciones de los proyectos inmobiliarios que se obtuvieron antes de la resolución de este viernes.

Luévano precisó que estas acciones se deberán realizar en apego a la Ley de Consulta Indígena de San Luis Potosí, “invocamos un acuerdo internacional, que es el Acuerdo de Escazú, por la vía electoral, una novedad como herramienta auxiliar en la defensa del territorio”.