Tijuana, BC., El Congreso local autorizó al gobierno de la morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda contratar una deuda por 2 mil 960 millones de pesos para las obras de distribución del agua que se desalará en la planta que la Federación construirá en Playas de Rosarito para abastecer a Tijuana y otras ciudades de la zona costa.

La contratación de la deuda se autorizó con 19 votos a favor y seis en contra, y se ejercerá entre 2026 y 2027 hasta por 30 años, con base en el dictamen 127 de la Co-misión de Hacienda y Presupuesto.

Las bancadas de Morena, Verde, Fuerza por México e independientes se impusieron a las del PAN, Movimiento Ciudadano, PT y PRI, que acusaron que no se justifica un nuevo endeudamiento cuando hubo otros que no dieron resultados.

Aunque Morena intentó obtener el apoyo panista con una modificación al dictamen en cuanto a que el aumento en las tarifas no será una fuente de financiamiento para el pago del préstamo, los blanquiazules demandaron que el ofrecimiento quedara por escrito.

La petista Yohana Gilvaja dijo no estar en contra de la desaladora, pero este caso es deuda pública con un costo inflado por 700 millones de pesos, porque de inicio informaron que costaría 2 mil 200 millones de pesos y ahora serán 2 mil 960 millones.

Diego Echevarría Ibarra, del PAN, señaló que el gobierno de Ávila Olmeda no tiene justificación para endeudarse ni tomar como fuente de pago el Impuesto Sobre Remuneraciones del Trabajo Personal.

Agregó que desde 2022, a partir del alza de las tarifas de agua –en algunos casos hasta en 500 por ciento y un aumento al gravamen de 3 a 4.5 por ciento–, la entidad cuenta con recursos suficientes para enfrentar el gasto que requiere la obra hidráulica. La recaudación calculada entonces era de 5 mil millones de pesos anuales.

Echeverría Ibarra recordó que desde que se presentó la solicitud de endeudamiento –y se autorizó por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, dando origen al dictamen número 127–, el PAN propuso que se adicionara no incrementar las tarifas de agua en 30 años, pero esta no fue aceptada; incluso, volvió a plantear la propuesta y condicionar su voto a favor del endeudamiento.

El morenista Jaime Cantón Rocha señaló, a su vez, que la preocupación de quienes están en contra del proyecto hídrico es lo que dejarán de recibir al no privatizar el servicio, pues aseguró que la alternativa que dieron los gobiernos del blanquiazul ante la falta de agua fue intentar concesionarla a manos de empresas particulares.

El coordinador pevemista, único miembro del Verde, el ex panista Jorge Ramos Hernández, expuso su narrativa como tijuanense y ex director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana.

Argumentó que él sabe lo que es vivir sin agua “con conocimiento de causa”, y afirmó que “todos los partidos que han gobernado al estado han recurrido al endeudamiento y al financiamiento”.

Recordó el primer crédito otorgado por bancos japoneses –por más de 3 mil millones de pesos– en el gobierno de su entonces correligionario panista Alejandro González Alcocer (1988- 2001), para dotar de agua al este de Tijuana y parte de Rosarito.

Luego hubo otra deuda para ampliar el acueducto Río Colorado-Tijuana, proyecto que correspondía al gobierno federal, pero que no quiso pagar, mientras que el plan del ex gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid (2013-2019), de construir mediante una empresa público-privada, habría generado un alza de más de 40 por ciento en las tarifas.

Ramos aseguró que la falta de apoyo de la Federación es lo que ha presionado la tarifa, por lo que agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum la aportación de los 10 mil millones de pesos que costará la planta, y enfatizó que la fuente de pago –el Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal– es la misma que utilizan los empresarios para hacer estudios y proyectos.