Guadalajara, Jal., A un año de que los gobiernos federal y estatal pusieron en operación un plan integral para rescatar el río Santiago, colectivos señalaron que aunque hay avances sobre todo en acciones de inspección y algunos proyectos de infraestructura, los resultados “son claramente insuficientes” ante la magnitud de la contaminación del cauce donde, hace 18 años, murió el niño Miguel Ángel López Rocha, envenenado por arsénico al caer a las aguas mientras jugaba.

Ayer, en conferencia de prensa cuestionaron si los avances reportados son reales o meros ejercicios discursivos y si reconocer progreso es también afirmar que falta mucho para la remediación.

Ante ello, el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario y activistas como Raúl Muñoz, de la agrupación Comité de Defensa Ambiental de El Salto, coincidieron en que el proyecto de saneamiento continúa con una marcada “visión hidráulica”, es decir que en el enfoque de intervención predomina la construcción de más plantas de tratamiento, colectores y obras de ingeniería pesada, sin que exista un fortalecimiento equivalente en las labores de inspección y vigilancia.

Dijeron que se ha documentado que el asesoramiento federal actual es, en gran medida, voluntario para las industrias, a pesar de que éstas son las principales responsables de la carga contaminante que “asfixia” al río, por lo cual señalaron que sin una inspección rigurosa y obligatoria, la infraestructura por sí sola resulta insuficiente.

Y es que, mientras se destinan millones de pesos a la restauración, de forma simultánea se permite la expansión del modelo industrialista y la imposición de megaproyectos energéticos en la misma región, lo que anula gran parte de los beneficios ambientales.

Otro desafío es la falta de metas cuantificables y públicas posteriores a 2024, especialmente en lo que respecta a la reducción de metales pesados, por lo cual la transparencia técnica es una premisa, pues se requiere un sistema de monitoreo biológico en tiempo real, con datos abiertos y un padrón de descargas industriales actualizado que permita la trazabilidad del recurso.

Además, se ha señalado la ausencia sistemática de los gobiernos municipales en las discusiones técnicas, lo que debilita la imple-mentación local de las políticas.

Los convocantes a la conferencia enfatizaron que la remediación no puede limitarse a obras visibles, sino que debe traducirse en programas de salud pública efectivos para las comunidades afectadas, quienes han denunciado enfermedades asociadas a la exposición prolongada a tóxicos.

Recalcaron que el gobierno estatal ha estructurado su respuesta en cuatro proyectos estratégicos: la modernización y construcción de plantas de tratamiento, el saneamiento de las cuencas San Andrés, Osorio y San Gaspar, la restauración de la zona de El Ahogado y el establecimiento de un mecanismo de coordinación integral para el cauce.

Pero esos datos oficiales contrastan con las metas proyectadas. La plataforma MIDE Jalisco revela que, pese a los esfuerzos, no se ha cumplido con la limpieza del río.

Infraestructura presenta deficiencias operativas

El titular de la Comisión Estatal del Agua, Mario López, ha reconocido que de las 231 plantas de tratamiento de aguas residuales en el estado, sólo 142 operan en la actualidad.

Aunque las autoridades aseguran que estas estaciones procesan 93 por ciento del flujo generado en el estado (aproximadamente 12.2 metros cúbicos por segundo), la inactividad de casi un centenar de instalaciones subraya la brecha entre la capacidad instalada y la eficiencia real del sistema.

La muerte de Miguel Ángel, quien hoy tendría 26 años, marcó un antes y un después en la exigencia de justicia para las comunidades ribereñas sobre todo en El Salto y Juanacatlán, al suroriente de la zona metropolitana de Guadalajara, evidenciando que la contaminación no es sólo un problema ecológico, sino una crisis de derechos humanos y salud pública que suma décadas de omisiones; persiste como el símbolo más doloroso de una deuda ambiental que México y Jalisco no han logrado saldar.