Entre 2000 y 2025, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió 2 mil 842 recomendaciones, entre ordinarias y por violaciones graves a las garantías fundamentales, a diversas instituciones; pero de ese total, 6.77 por ciento no fueron aceptadas y 5.11 por ciento muestran un cumplimiento insatisfactorio, según la base de datos del Sistema Nacional de Alerta de Violaciones a los Derechos Humanos.

Los años en los que más se ha documentado la negativa de admitir estos instrumentos de la CNDH fueron en 2023, cuando sumaron 30 recomendaciones; en 2004 fueron 28; en 2010, 24; en 2009, 23; en 2008, 17; en 2007, 13, y en 2006 fueron 10.

De las 201 ordinarias que no fueron aceptadas entre 2000 y 2025, nueve fueron dirigidas al Congreso de Guerrero, igual número al gobierno de esa misma entidad y al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Asimismo, siete fueron emitidas a la entonces Procuraduría General de la República, seis al gobierno de Baja California, cinco a la Secretaría de Marina (Semar) y cuatro a la Comisión Nacional del Agua, al ayuntamiento de Chihuahua, a Petróleos Mexicanos y a la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

Otras autoridades a las que se emitieron estos instrumentos de la CNDH y no los aceptaron fueron los gobiernos de Chiapas, Colima, Jalisco, Morelos, Sinaloa y Sonora. También a los ayuntamientos de Alvarado, Veracruz, y de Chilpancingo, Guerrero, así como al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores.

En cuanto a las recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos no admitidas, cuatro de ellas fueron dirigidas a la Semar, tres a la Fiscalía General de Veracruz, dos a la Fiscalía General de la República e igual número al gobierno de Veracruz.

También, una a la Fiscalía General del Estado de México, al Instituto Politécnico Nacional y a las secretarías de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y de Seguridad Pública de Veracruz.

Sobre los hechos violatorios que se reclamaban en los instrumentos no aceptados, se relacionan con haber incumplido con alguna de las formalidades para la emisión de órdenes de cateo o durante la ejecución de éste, así como para las visitas domiciliarias; prestar indebidamente el servicio público; trato cruel, inhumano o degradante; faltar a la legalidad, a la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficacia en el desempeño de funciones, entre otras.

La CNDH, que encabeza Rosario Piedra Ibarra, en su informe anual 2025 reconoció que la no aceptación de sus instrumentos y el hecho de que aunque las autoridades estén en tiempo no las contesten, es muestra de “lo muy compleja que es la reparación de las violaciones a derechos humanos en el modelo actual, si se dejan a la voluntad de la autoridad”.