Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SC) federal, aglutinados en la Coalición de Sindicatos de la Secretaría de Cultura, bloquearon por unas dos horas y media los carriles laterales del Paseo de la Reforma, con dirección al Ángel de la Independencia, para exigir a la institución un incremento salarial de 13 por ciento. Anunciaron nuevos cierres en caso de no obtener respuesta.

La alianza, integrada por el Sindicato Nacional de Cultura (Sinac), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Cultura y el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Cultura y las Artes, fue convocada a una mesa de diálogo con autoridades la próxima semana. “Por como se ha manejado la situación, creemos que no será con la titular, Claudia Curiel, sino con María Guadalupe Moreno Saldaña, directora general de Administración y Finanzas”, apuntó Valia Cisneros Coss, integrante del comité ejecutivo nacional del Sinac en entrevista con La Jornada.

En caso de que sus demandas no sean atendidas, agregó, la coalición incrementará sus acciones de presión con cierres en el área central, sitios y monumentos, el Museo de Culturas Populares, Radio Educación, el Instituto Nacional del Derecho de Autor, bibliotecas, el Centro Nacional de las Artes y unidades administrativas. Incluso planean declarar algunas áreas en asamblea permanente.

De acuerdo con Cisneros Coss, la organización de empleados lleva año y medio luchando para que sus demandas sean atendidas, debido a que trabajadores de los niveles 21, 22 y 23 –entre los que se encuentran secretarias, enlaces administrativos, personal de recursos materiales y choferes– perciben un salario menor al mínimo establecido en la Constitución.

En 2024 el nivel 21 era el único afectado. Para 2025, el problema se extendió a los niveles 22, 23, 24 y 25. Este año, la situación alcanzó los escalones 26, 27, 27ZA y 27Z, asociados a puestos especializados. “Debido a esto, la gente no se puede jubilar, se ven afectados en sus cuotas de créditos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Es completamente anticonstitucional”, apuntó Valia Cisneros.

A pesar de buscar soluciones, los inconformes denunciaron no obtener respuestas. Sólo “se echan la bolita” entre instituciones. Afirmaron que la SC les indicó que su situación era competencia de la Secretaría de Hacienda, y ésta, a su vez, los renvió con su titular. En un último intento por ser atendidos, se dirigieron a la Presidencia, pero la respuesta fue la misma: Cultura debe atender el caso.

Éste no es un hecho aislado, pues alrededor de 150 mil trabajadores al servicio del Estado, aseguró Cisneros, son afectados por esta situación, ya que el incremento salarial constitucional sólo se ve reflejado en las percepciones de empleados del sector privado.

Al respecto, la Secretaría de Cultura detalló a La Jornada que hay un diálogo permanente. “Se les ha informado que ningún trabajador ganará menos del salario mínimo y, como siempre, el pago será retroactivo a enero 2026”. Además, aclaró que laboran en conjunto con Hacienda para dar seguimiento al caso.