El Plan Integral contra el Abuso Sexual avanza, aseguró Citlalli Her-nández Mora, titular de la Secretaríade las Mujeres, quien acotó que la iniciativa para homologar el tipo penal ha sido “presentada exitosamen-te” en las 32 entidades federativas.

Este avance legislativo, propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, derivó en la apro-bación de dictámenes en 13 estados y la promulgación formal en Guerrero, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo y la Ciudad de México.

El objetivo es eliminar las disparidades jurídicas y que este delito sea sancionado con el mismo rigor en cualquier entidad del país, señaló.

Se propone que quede estipulado que “comete el delito de abuso sexual quien sin el consentimiento de la víctima y sin el propósito de llegar a la cópula, realice en el ámbito público o privado, cualquier acto de naturaleza sexual, la obligue a observarlo, o la haga ejecutarlo sobre sí, para un tercero o para el propio sujeto activo. También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a exhibir su cuerpo”.

Hernández Mora detalló que “la sanción queda de 3 a 7 años de prisión, multas y servicio comunitario. Si ese delito lo comete un servidor público, la sanción será mayor”.

Además de la armonización legal, el plan prevé capacitación especializada coordinada por la Secretaría de las Mujeres, que destacó los cursos dirigidos a las fiscalías locales para integrar la perspectiva de género y la argumentación jurídica en cada etapa del proceso penal.

Estas acciones de profesionalización buscan asegurar que la procuración de justicia sea ágil, segura y libre de prejuicios que revictimicen a las mujeres al denunciar.

Se incluyen también campañas informativas sobre los derechos de las víctimas y rutas de atención, con miras a que tengan las herramientas necesarias para identificar y denunciar estas violencias.

Asimismo, se avanza con la profesionalización de fiscalías y campañas de sensibilización para promover la denuncia; lo anterior, en seguimiento a los compromisos establecidos en el Acuerdo de Xicoténcatl, que establece el diseño de una estrategia para fortalecer la respuesta institucional y garantizar a las mujeres en el país el acceso a la justicia.