La Procuraduría Social (Prosoc) cerró 2025 con alrededor de 6 mil quejas condominales –el doble de las recibidas en 2023–, de las cuales la mitad corresponden a la invasión o privatización de áreas comunes, reveló Omar Piña Hernández, subprocurador de Derechos y Obligaciones de Propiedad en Condominio.

En entrevista, el funcionario advirtió que este año, a partir de reformas hechas a la ley, se podrá solicitar el apoyo a otras dependencias para ejecutar resoluciones, como la liberación de áreas comunes invadidas, especialmente en casos de bienes mostrencos, vehículos abandonados o situaciones que afecten a personas con discapacidad.

Explicó que otras conductas recurrentes en los condominios que derivan en quejas son ostentarse como administrador sin tener el registro ante la Prosoc, irregularidades en la administración –como falta de transparencia y uso indebido de cuotas– y la morosidad en el pago de cuotas de mantenimiento.

Aseguró que antes de sancionar se privilegia la conciliación, mecanismo mediante el cual se logra resolver cerca de 30 por ciento de las quejas, y cuando no hay acuerdo, se inicia el procedimiento administrativo de sanciones (PAS), mediante el cual se investigan irregularidades y se imponen multas que pueden superar 50 mil pesos, principalmente por administraciones irregulares.

Piña Hernández señaló que antes sólo 10 por ciento de los expedientes concluían con multa; en la actualidad, 90 por ciento derivan en una sanción económica, lo que ha fortalecido la confianza vecinal.

Respecto de los administradores, informó que el año pasado sólo se registraron ante la Prosoc mil 500 de los 13 mil condominios que existen en la ciudad, es decir, sólo 11.5 por ciento, la mayoría de desarrollos privados, pues los de interés social presentan mayores dificultades de organización debido a problemas de acreditación de propiedad y certeza jurídica.

Ante este panorama, invitó a los administradores a registrarse, pero también a certificarse ante la procuraduría, mediante un proceso que incluye evaluación y capacitación.

Para este año, añadió, la meta es alcanzar 3 mil administradores certificados con la simplificación de trámites, además de consolidar padrones públicos de administradores certificados y sancionados, como medida preventiva para los condóminos.