La tercera visita oficial a México del Subcomité de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la Prevención de la Tortura concluyó ayer, y tuvo como objetivo examinar las medidas adoptadas por el país para hacer frente a este delito y evaluar su impacto.

Las actividades fueron confidenciales, pero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detallaron que la delegación sostuvo reuniones con la participación de 20 dependencias federales.

“El Estado mexicano reafirma su apertura y cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos, así como su compromiso para garantizar la protección y promoción de las libertades fundamentales de todas las personas” en el país, destacaron en un comunicado.

Se espera que en los siguientes días, la delegación de expertos de la ONU también emita un mensaje de cierre. El informe será confidencial, y dependerá del gobierno mexicano si lo hace público.

El grupo de expertos, que inició trabajos el 25 de enero, mantuvo un diálogo constructivo con autoridades mexicanas, en particular con la SRE, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, a fin de fortalecer las políticas públicas y acciones que el Estado ha emprendido en la prevención y erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

El subcomité, añadieron, visitó centros de detención en diferentes estados para monitorear la situación en la que se encuentran personas privadas de libertad.

Entre los esfuerzos de México para erradicar este flagelo citaron la promulgación de la Ley General para Prevenir Investigar y Sancionar la Tortura (2017) y la Ley Nacional de Ejecución Penal (2016), así como el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.