Ciudad de Panamá., El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, aseguró ayer que los puertos en ambos extremos del Canal de Panamá continuarán operando sin interrupción, después de que la Suprema Corte del país dictaminó la víspera que la concesión otorgada a una subsidiaria de CK Hutchison Holdings, de Hong Kong, era inconstitucional.

Mulino, quien considera “leoninos” los contratos con Hutchison, explicó que hasta que el fallo se ejecute hay “un período de continuidad del actual operador” y luego una etapa de “transición” que concluirá con una nueva concesión.

La Autoridad Marítima de Panamá informó que el gobierno panameño “contará, en su momento, con el apoyo especializado de APM Terminals (subsidiaria de Maersk) como administrador temporal” de los puertos de Balboa y Cristóbal.

La Corte declaró “inconstitucionales” las leyes mediante las cuales Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison Holdings, controlaba desde 1997 ambos puertos, en virtud de una concesión renovada en 2021 por 25 años.

Según el fallo, aplaudido por Washington y rechazado por Pekín, la concesión tenía “una inclinación desproporcionada a favor de la empresa” sin “justificación alguna” y en “perjuicio de las arcas del Estado”.

Además, la renovación del contrato se realizó de manera automática sin “refrendo” de la Contraloría y sin la “renegociación” de las condiciones pese al crecimiento del sector portuario, agregó la sentencia.

EU aplaude fallo

El secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, aseguró que su país “se siente alentado” por la decisión judicial del país itsmeño, en medio de las presiones de Donald Trump, quien amenazó en reiteradas ocasiones con recuperar esa vía marítima, que Estados Unidos inauguró en 1914 tras la acusación de que Pekín la controla a través de la compañía hongkonesa.

El portavoz de la cancillería china, Guo Jiakun, advirtió que Pekín “tomará todas las medidas necesarias para proteger de manera decidida los derechos legítimos y los intereses” de sus empresas. Las autoridades de Hong Kong rechazaron que un “gobierno extranjero use medios represivos para interferir en las relaciones comerciales“.