Santiago. El desastre de desprestigio, tráfico de influencias y corrupción que sacude al Poder Judicial de Chile, particularmente a la Suprema Corte de Justicia, quedó una vez más expuesto cuando la ex magistrada Ángela Vivanco fue acusada por delitos de cohecho y lavado de activos para quedar en prisión preventiva, resolvió el juzgado que la procesa.

No hay antecedente similar previo: es la primera vez que un juzgado estimó que hay presunciones suficientes para enjuiciar a una ex integrante del máximo tribunal, tantas como para privarla de libertad, asegurando así que comparezca y que no intervenga maliciosamente en la indagatoria.

Está acusada de vender fallos judiciales, para lo que su pareja afectiva y también preso, Gonzalo Migueles, operaba como intermediario.

En octubre de 2024, fue destituida por la unanimidad de sus pares, responsabilizándola de “mal comportamiento, irregularidades y un proceder incompatible con las funciones del cargo”, y señalando que dañó los “principios de independencia, imparcialidad, probidad y transparencia que gobiernan a la magistratura”.

Práctica común

No es la única magistrada caída en desgracia, sino una más: entre 2024 y 2025, el Senado destituyó, además de a ella, a los ministros Sergio Muñoz y Diego Simpertigue, acusados de abandono de deberes, tráfico de influencias, faltas a la probidad y tramas de corrupción.

La debilidad de cómo se elige a los jueces superiores quedó expuesta; es el resultado del reparto político que a ratos favorece a aquellos impulsados por la derecha y luego a los respaldados por la centroizquierda.

Los presuntos delitos por los cuales Vivanco será juzgada se conocieron por casualidad como una derivada de otra trama de corrupción denominada “caso audios”, en el que se publicó de una grabación hecha subrepticiamente en la oficina del ex prestigioso abogado Luis Hermosilla, donde detalló cómo procedía para intervenir los juzgados y tribunales en los que litigaba.