Estuvo involucrado en el asesinato del canciller Letelier
Jueves 29 de enero de 2026, p. 22
Santiago. Un ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional, la criminal policía política del dictador chileno Augusto Pinochet, fue arrestado en Estados Unidos por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Armando Fernández Larios, ex capitán del ejército de Chile, fue incluido en la lista Arrested: worst of the worst (Arrestado: lo peor de lo peor) del Departamento de Seguridad Interior (DHS) estadunidense, una plataforma que desglosa por países las detenciones más destacadas realizadas por la agencia de inmigración.
Fernández Larios es un prófugo de la justicia chilena y participó en la organización y encubrimiento del atentado con bomba en septiembre de 1976, en Washington, que causó la muerte del ex canciller chileno Orlando Letelier y de la ciudadana estadunidense Ronni Moffitt.
Se estima que Fernández Larios se fugó a Estados Unidos en 1980, donde acordó con fiscales federales, a cambio de información acerca del crimen, declararse culpable por encubrimiento y cumplir una condena de siete años de prisión, pero como colaborador fue puesto en libertad tras cinco meses en una cárcel federal.
El ex militar tiene causas penales pendientes en Chile y su arresto en Miami causó aquí expectación ante una probable deportación.
Según los archivos de las organizaciones de familiares de víctimas de la dictadura, tuvo participación en la Caravana de la Muerte, una comitiva militar que recorrió Chile a comienzos de la dictadura y ejecutó al menos a 93 personas.
El grupo viajó por órdenes de Augusto Pinochet torturando y fusilando a trabajadores mineros y agrícolas, profesores, funcionarios públicos, estudiantes, dirigentes y otras personas, con y sin participación política. Algunas de estas víctimas aún se encuentran desaparecidas.
La justicia chilena ha solicitado la extradición de Fernández Larios desde Estados Unidos por diversas causas, que de ocurrir, sería sometido a juicio por delitos relacionados con violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.












